Del 'anticipo reintegrable' a la 'plataforma digital'

"Toda esta historia de las reales órdenes en pro de una prensa contra otra es uno de los capítulos más sucios de la sucia historia de España que vamos viviendo". Así expresaba don José Ortega y Gasset su indignación ante una de las más escandalosas disposiciones legales adoptadas por el presidente Eduardo Dato en materia de prensa: la real orden del 14 de junio de 1920, completada con otra del 29 de julio, que fijaba el precio mínimo de los periódicos en diez céntimos -el doble del habitual hasta entonces- o a un precio todavía mayor si la superficie del periódico superaba los 13.000 centímetros cuadrados. Tal era el caso del diario liberal El Sol, contra el que manifiestamente iba dirigida la medida gubernamental. La real orden prohibía además a los periódicos establecer tarifas de suscripción o de venta combinadas con otros periódicos o revistas, según venía haciendo -qué casualidad- el diario El Sol.Fundado en 1917 por el empresario Nicolás María Urgoiti e inspirado por el propio Ortega y Gasset, este periódico madrileño había cometido el imperdonable delito de oponerse a la política del Gobierno conservador, de Dato y, lo que era casi más grave, de cosechar un notable éxito en sus tres primeros años de existencia gracias a un impecable trabajo profesional y a una estructura empresarial moderna e independiente. "¿Creía usted", le pregunta Ortega al director del periódico en una célebre carta abierta, "que todo esto puede en Celtiberia hacerse impunemente? Ya está usted viendo que no". La real orden obligaba al periódico a venderse más caro o a reducir el número de páginas; en una palabra, a homologarse con los rotativos de la competencia. La ventaja que el periódico había sacado a sus rivales quedaba de esta forma anulada por real orden, pero el periódico de Urgoiti y Ortega se mostró desde el primer momento dispuesto a dar la batalla por su supervivencia: "La caciquería periodística de la vieja prensa", decía El Sol el 29 de julio, "creerá hoy haber logrado el triunfo. Sea el tiempo testigo. Nosotros sólo queremos decir al público español que el poder público, confabulado con varios periódicos, se lanza a una persecución contra El Sol y que hemos de defendernos por todos los medios". Su rebelión contra el Gobierno, secundada por La Vanguardia, de Barcelona, le costó varios días de suspensión, al cabo de los cuales el periódico tuvo que salir con ocho páginas en vez de las doce o dieciséis habituales.

Las reales órdenes contra El Sol de junio y julio de 1920 eran en realidad un episodio más en la política intervencionista que marcó la trayectoría a de Eduardo Dato en ésta y otras materias. Pieza maestra de esa forma de gobernar había sido el decreto del "anticipo reintegrable" de 1916, en virtud del cual el Estado se prestaba a cubrir temporalmente el sobrecoste que el alza en el precio del papel estaba ocasionando a las empresas periodísticas. El "anticipo reintegrable", convertido en ley un año después, fue rechazado por la prensa más progresista e independiente, que advirtió del peligro de que tales ayudas sirvieran de coartada para limitar la libertad de los medios que se acogieran a ellas, además de denunciar su carácter discriminatorio -pronto se vio a qué periódicos beneficiaban- y el sacrificio económico que imponían a la Hacienda pública. La oposición política y periodística no dejó de señalar igualmente que, bajo aquel extraño y redundante eufemismo, el Gobierno estaba concediendo una subvención a fondo perdido, sin garantía alguna para el Estado, a ciertas publicaciones amigas más o menos en apuros. El diario Abc, sin ir más lejos, debía 15 años después cerca de 11 millones de pesetas del famoso anticipo. En 1975 arrastraba todavía más de 9,5 millones de pesetas de deuda por aquel concepto.

El anticipo reintegrable, como la regulación del precio y del formato de los periódicos en 1920, era la expresión de una peculiar forma de entender la economía de mercado, una especie de darwinismo económico a la inversa que llevó a algunos Gobiernos de la restauración a proteger al más torpe en detrimento de los más aptos, y a desactivar, para ello, los peligros que la libre competencia acarreaba a sus compañeros de viaje. Todo ello se justificó en nombre del interés general y de la libertad de mercado, en cuya defensa acudía un Gobierno decidido a poner coto al supuesto monopolio que, según cierta prensa, ejercía en el sector papelero don Nicolás María Urgoiti. Para Ortega, sin embargo, la política de Dato respondía a un viejo tic del poder patrio, y es que "cuando alguien hace algo un poco mejor que es uso, la España oficial se revuelve airada contra él y se dispone a aniquilarlo". Esa perversión consistía, según. Ortega, en odiar todo valor superior, donde quiera que aparezca, y favorecer contra él cualquier valor negativo o inferior. Un ejemplo de esto da Abc cuando encarece las reales órdenes que nos ocupan, diciendo paladinamente que facilitan la vida a los periódicos poseedores de máquinas insuficientes. Conviene, para la orientación de futuros historiadores, subrayar el hecho de que en España, hacia 1920, tener una máquina de imprimir buena era considerado como un vicio intolerable que el Estado debía inmediatamente castigar".

No estaba claro, en todo caso, si la ocurrencia de la real orden de junio de 1920 se debía imputar al propio presidente del Gobierno o si se gestó unos meses antes, como sugiere Ortega, en los "conciliábulos de unos cuantos directores de periódicos madrileños". Quienquiera que fuera el padre de la criatura, prosigue el filósofo madrileño en un artículo publicado el 7 de agosto, lo importante era que la real orden sellaba un doble e indisoluble pacto de solidaridad: la solidaridad de los ineptos" y "la solidaridad de los envidiosos". En cuanto al indigno papel representado por el Gobierno en este asunto, "celestineando con los instintos depredatorios y las envidias de algunos periódicos madrileños", el presidente Dato parecía darlo por bueno si con ello conseguía crear a su alrededor un clima de benevolencia mediática que hiciera más llevadera la pesada carga del poder.

A finales de diciembre del año pasado, cierto sector de la prensa madrileña fue presa de un profundo desánimo. Pero la historia proporciona a veces soluciones inesperadas, y alguien, recordando a Dato y sus reales órdenes liberalizadoras, debió tal vez de pensar: "Pero, hombre, ¿cómo no se nos había ocurrido antes?". Dicho y hecho. Tampoco aquí importa mucho saber quién tuvo la feliz idea. El 1 de febrero de 1997, el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto-ley de manifiesta inspiración datista, y al que es aplicable punto por punto lo que, a propósito de las reales órdenes de Dato, escribió en su día don José Ortega y Gasset. Por cierto, el director del diario El Sol que tuvo que padecer la inquina de Eduardo Dato contra el periódico se llamaba Manuel Aznar Zubigaray. ¿Le suena ese nombre, señor Aznar?