Úrculo admite que ignora si las denuncias pueden traducirse en "algo concreto"

, El fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, aseguró ayer en Barcelona que acordó remitir a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia del llamado caso Ferrer, en el que se ha intentado vincular a Jesús de Polanco, y otra dirigida contra Antena 3 TV, presidida por Antonio Asensio, al considerar que "tienen un principio de fundamento" y "tras llegar a una conclusión". Úrculo no precisó, sin embargo, en qué consistían esos supuestos indicios y conclusiones, aunque matizó que "nosotros ignoramos todavía si (las denuncias) pueden traducirse en algo concreto, pero indudablemente pensamos que debe ser investigado".El fiscal general repitió con insistencia: "Nosotros no estamos para investigar, porque para eso están las fiscalías correspondientes, que es lo que hemos hecho en este caso". Ortiz Úrculo aseguró que él "tiene otras funciones de coordinación" y descartó cualquier intencionalidad por haber coincidido en el tiempo la remisión de esas dos denuncias a la Fiscalía Anticorrupción con las maniobras del Gobierno contra la plataforma digital de Sogecable, Canal Satélite, en la que participan los dos empresarios citados. "Yo no mando una denuncia porque sea en un momento mejor que en otro, sino cuando ha concluido un primer estudio", aseguró Úrculo. Del mismo modo explicó que "el fiscal general no contempla los momentos", y a renglón seguido explicó que "quienes pretendan entender en clave política lo que yo estoy haciendo me temo que no lo van a entender".

En el caso concreto de la denuncia contra Antena 3 TV, relativa a supuestas irregularidades en empresas relacionadas con esta cadena de televisión, el fiscal general del Estado reiteró que se trataba de una denuncia anónima, que no iba acompañada de ningún documento y que su contenido se limita a una "relación de hechos". Pese a estas circunstancias, Úrculo explicó que la denuncia "está prolijamente escrita y, por lo tanto, demuestra que puede existir algún fundamento para averiguar si estos hechos pudieran ser ciertos y, por lo tanto, pueden constituir algún delito". En este sentido, diferenció estos escritos anónimos de otros "que no tengan la estructura de denuncia ni la suficiente entidad" y añadió que "los escritos anónimos están autorizados por el Tribunal Constitucional y no plantean ningún problema".

Aseguró que actua "con absoluta imparcialidad e independencia" del Gobierno.