Años de doce meses

Políticamente hablando, el país necesita años que tengan doce meses y en los que la gestión de los asuntos públicos no se produzca de manera sincopada. Creo que ésta es la conclusión que habría que extraer de la experiencia de estos últimos cuatro años, en los que ninguno ha tenido, desde una perspectiva política, una duración acorde con el calendario.Las razones de que así haya sido han sido muy diversas: enfrentamientos en la dirección del PSOE en la primavera de 1993, que impusieron al presidente del Gobierno la disolución anticipada de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones; la no aceptación de los resultados del 6 de junio de 1993 por el PP y la solicitud de nueva convocatoria de elecciones en otoño de ese mismo año; la renovada exigencia de la disolución de las cámaras en 1994, sobre todo a raíz de las elecciones al Parlamento Europeo; la retirada del apoyo parlamentario a los presupuestos de 1996, anunciada por Jordi Pujol en el verano de 1995; los resultados electorales del 3 de marzo de 1996, que dilató de manera anormal la formación del nuevo Gobierno... La enumeración es puramente ejemplificativa.

Pero el resultado de todas ellas ha sido el mismo. No ha habido ni un solo año desde 1993 que tuviera doce meses y en el que se pudiera hacer política con esta perspectiva temporal.

Que, en tales circunstancias, se haya seguido una política razonable, que nos ha ido poniendo en condiciones de hacer frente al examen europeo que el país tiene que aprobar este ano que empieza, me parece que es algo que debe resaltarse expresamente. El sistema político español, en medio de una tensión que sólo se puede calificar de extraordinaria, ha demostrado su capacidad para dar respuesta a los problemas a los que la sociedad española tenía que enfrentarse.

Por eso no se puede entender la denuncia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que los políticos no son capaces de tomar las decisiones que se tienen que tomar porque están en cierta medida cautivos de los votos que el sistema democrático les obliga a solicitar. La evidencia empírica de que disponemos nos conduce a una conclusión completamente opuesta. Basta comparar la reacción del sistema político español a la crisis del petróleo de la primera mitad de los setenta con la reacción del sistema democrático actual para hacer frente a los criterios de convergencia. No es sólo su superioridad moral, sino además su mayor eficacia, lo que justifica su existencia. A las duras y a las maduras.

Ahora bien, el que el sistema político español haya sido capaz de superar la crisis de estos últimos años de manera razonablemente satisfactoria no quiere decir que no se haya visto afectado por la misma y que se pueda mantener en esa situación de manera mas o menos indefinida.

En estos últimos cuatro años se ha tensado la cuerda mucho más de lo que se debería haber tensado y se ha seguido una política de deslegitimación del Estado, que no debería haberse seguido, sobre todo cuando todavía no se ha puesto fin al fenómeno del terrorismo. Las consecuencias las estamos viendo desgraciadamente todos los días.

Por eso se impone la reflexión. Y la reflexión de naturaleza institucional. Los años tienen que tener doce meses y las legislaturas cuatro años. La acción política tiene que tener una continuidad, pues no hay ninguna circunstancia que contribuya más a prestigiar las instituciones democráticas que su funcionamiento ininterrumpido. Las disoluciones anticipadas frecuentes son casi siempre el indicador de una enfermedad grave del sistema político.