El fiscal del 'caso Banesto' pide que Li año, Sitges y Allende sean imputados en presuntas estafas

El nuevo fiscal a cargo del caso Banesto, Luis López Sanz, solicitó ayer a la Sala de lo Penal, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional la citación como imputados en presuntas operaciones de estafa del abogado y socio de Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño, y de Francisco Javier Sitges, ambos implicados en la comisión rogatoria suiza. El fiscal pide la apertura de una pieza separada del procedimiento principal del caso. También pidió mantener la situación de imputado del financiero Jacques Hachuel y abrir otra pieza para Tomás Allende y Miláns del Bosch, socio y hombre de paja de Fernando Garro en la presunta operación de estafa con compraventas de locales comerciales.

El fiscal Luis López Sanz culminó, sobre las 15. 10 horas, su ale gato más largo en la vista celebrada ayer, con una frase que permite hacer la lectura más apropiada de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que pertenece y que intervenía ayer por primera vez en un incidente procesal de importancia como es el caso Banesto. Con voz serena, pero firme, dijo: "En esta causa el fiscal va a actuar con legalidad e imparcialidad en la defensa de los intereses públicos; y lo hará en defensa de la independencia de los jueces y tribunales, frente a las cuestiones extraprocesales o extrajudiciales que pretendan interferir en el caso".Fue esta pista final la que permite reconstruir lo que ocurrió en la Audiencia Nacional ayer durante las cinco horas. La vista de los recursos fue presidida por el. magistrado Jorge Campos, presidente en funciones de la sección segunda de lo Penal, en sustitución de José Antonio Jiménez-Alfaro, y los magistrados José Ricardo' de Prada e lldefonso Rodríguez. Los recursos pendientes, dirigidos por Banesto y varias partes acusadoras, proponían la iniciación de diligencias contra Liaño y Sitges, derivadas de la declaración del fiduciario Paolo Gallone, contenida en la comisión rogatoria suiza.

Además, se recurría la decisión del juez García-Castellón de archivar los cargos contra Jacques Hachuel en la llamada operación Carburos, y había propuestas para imputar a Tomás Allende y Miláns del Bosch en el montaje de la operación de locales comerciales en la que se acusa al ex director general Fernando Garro de presunta estafa por 1.727 millones. Por último, el Fondo de Garantía de Depósitos pidió que se reconociera la póliza firmada por Conde y los ex administradores con la exUnión y el Fénix por valor de 10.000 millones para cubrir responsabilidades civiles.

La expectativa residía en la actitud del nuevo fiscal, Luis López Sanz, que sustituye a Florentino Orti, quien instruyó el sumario. Defendió a su colega, pero le corrigió a él y al juez en tres agujeros de la instrucción:

No cabe archivar la investigación sobre Jacques Hachuel, el financiero que actuó junto a Conde, Romaní y Perez Escolar, los tres acusados de apropiación indebida, en la desaparición de los 1.344millones pagados en Suiza por Air Products.

La conúsión rogatoria suiza llegó a España después de que se abriera el juicio oral, pero las declaraciones de Paolo Gallone son importantes en cuanto "explican que las instrucciones para actuar en las sociedades helvéticas [Asni Investments, Jamuna y Kaneko Holding] se las daban Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges". Y recuerda que Gallone afirma que Valyser está controlada por Liaño. Propone que se abra una pieza separada y declaren como imputados. "La apertura de una pieza separada tiene como finafidad que Gómez de Liaño y Sitges declaren como" imputados en la causa. Una vez que declaren se verá qué pruebas corresponde hacer".Está acreditada, en la operación locales, la entrega de dinero de 1.500 millones a Tomás Allende y el uso del dinero. "No obstante la posición del fiscal que me precedió, existen elementos claros y contrastados para abrir una pieza separada y para tomar declaración a Tomás Allende como imputado".

Sobre la póliza de 10.000 millones, el fiscal se adhirió al FGD. "No es el juez quien debe decidir, sino el Tribunal. La póliza existe, cubre daños por engaños y estafas, pues debe ser incorporada a la causa".

La decisión de los magistrados se espera para este mes.