Las constructoras calculan que la inversión pública caerá un 20% en 1997

Los constructores continúan inquietos por el fuerte recorte de la inversión directa que recoge el Presupuesto del Estado. De acuerdo con los datos que manejan las empresas, la reducción real respecto al año anterior es de un 20%. El Gobierno insiste en que ese desfase se cubre con la financiación extrapresupuestaria, pero las constructoras argumentan que la puesta en marcha de este mecanismo es lento y que sus efectos no se notarán en 1997.

Los constructores han solicitado, tanto al Ejecutivo como a los partidos políticos, que agilicen los trámites necesarios para la utilización de la financiación extrapresupuestaria. De lo contrario, puede producirse un colapso en la construcción. El panorama para el año próximo en el sector, uno de los motores de la economía española, está plagado de incógnitas, abiertas, principalmente, por los recortes que recogen los Presupuestos del Estado en inversión directa real. Según el análisis efectuado por las compañías, dicha inversión en el conjunto de los ministerios, menos Defensa, asciende a 597.634 millones de pesetas, frente a los 747.328 millones de 1996. Un recorte del 20%, "que se suma a los efectuados por el último Gobierno del PSOE y el actual del PP en los presupuestos de este ejercicio", señalan altos directivos de la empresas constructoras. El Ministerio de Fomento, principal cliente de las constructoras españolas, destina a esa partida un total de 383.100 millones, un 16,8% menos que la que invirtió el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) en idénticas partidas. Por su parte, las inversiones directas reales del Ministerio de Medio Ambiente caen un 30%, al pasar de 148.631 millones a 214.208 millones. En el resto de los ministerios, el descenso es menor (un 9%). Por programas, las partidas más afectadas son las destinadas a obras hidráulicas (descenso del 37,8%), ferroviarias (una caída del 30,5%) y en carreteras (retroceso del 19,9%). Estos huecos son los que pretende cubrir el Ejecutivo con la llamada inversión extrapresupuestaria. El esquema previsto es sufragar esas obras con dinero procedente de dos vías: las privatizaciones y la iniciativa privada. Las inversiones serían gestionadas por sociedades estatales creadas al efecto o por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), figuras creadas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1997. Sin embargo, este planteamiento no acaba de convencer a las empresas constructoras. Opinan que la entrada en funcionamiento de estas figuras será muy lenta y que no podrán acometer obras durante el año próximo. Tanto el GIF como el resto de sociedades están pendientes de la aprobación de la Ley de Acompañamiento y, más tarde, deben formarse los equipos de dirección correspondientes, crear sus estatutos y desarrollar su marco legal de actuación. De momento, lo único que parece estar claro es la función prioritaria del GIF, el AVE Madrid-Barcelona-Francia, e incluso se baraja el nombre de Albert Vilalta para presidirla.

El malestar de las constructoras ya ha sido transmitido tanto al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, como a los representantes de diversos partidos políticos, durante el trámite de discusión de las Cuentas del Estado en las Cortes. En esos contactos, las empresas han advertido de que el sector de la construcción puede entrar en una situación peligrosa a lo largo del próximo ejercicio, especialmente a partir del segundo semestre. Eso podría tener efectos negativos tanto en el crecimiento de la economía -el Ejecutivo espera un aumento del PIB del 3% en 1997- como en el paro. El sector de la construcción da empleo al 10% de la población ocupada, su valor añadido representa el 8% del PIB y supone el 67% de la formación bruta de capital fijo en España. Las constructoras han elevado, además, un conjunto de enmiendas a los grupos políticos para que las tramiten en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos por el Senado, con nulo éxito, al menos de momento. Las propuestas son precisiones a la Ley de Contratos y a los trámites de cobro de las obras efectuadas. Solicitan, entre otras cosas, el reconocimiento inmediato de los intereses de demora en un documento público o la instauración de los pagos plurianuales para liquidaciones y certificaciones.