Villarejo exige 10.500 millones de pesetas de fianza a De la Rosa

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha pedido al juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la adopción de medidas cautelares contra Javier de la Rosa y el abogado mercantilista Juan José Folchi (que pueden ir desde la retirada de pasaporte hasta prisión preventiva) derivadas de la querella presentada por Torras contra sus anteriores gestores en España. A los querellados se les imputa indiciariamente posibles delitos penales de apropiación indebida y falsedad documental. El fiscal anticorrupción pide que el conjunto de los querellados constituya una fianza de responsabilidad civil por 10.500 millones.Estas medidas cautelares, que el fiscal Villarejo considera "oportunas" a tenor del actual momento procesal, persiguen asegurar la comparecencia de ambos en la causa así como sus responsabilidades civiles. El fiscal también pide que declaren los administradores de Grupo Torras en 1991. También serán requeridos los administradores de las sociedades Folma, Mira y Philby, (ahora denominada 484 DLRS), todas ellas ligadas a Javier de la Rosa.

El fiscal también pide investigar los pagos de Torras H. London a la sociedad Wardbase por 2.000 millones de pesetas, calificados entre los ejecutivos de De la Rosa como "deuda muy especial". El fiscal Villarejo pide nuevas declaraciones de Manuel Prado sobre sus deudas con De la Rosa. La operaciones de capital de Grupo Torras y los presuntos perjuicios que sus administradores pudieron provocarles para favorecer a Koolmes y otras sociedades como Phoenix Internacional, Pincinco, Riquel o Coggia; los pagos de comisiones a través de Diagonal Investment, Acie, Pinyer y otras compañías; y los pagos por blindajes a Alfredo Fraile (120 millones), forman parte de la materia a investigar.

El juez Manuel García Castellón, citó al consejo de administración de Torrás Hostench London (en el que figuran Javier de la Rosa y Jorge Núñez) para que declaren sobre la operación de venta por parte de Torras del 100% de ICSA y el 30% de Inpacsa, la compra de Arrocería Herba y la compra-venta de un avión Falcon.

El abogado Folchi reconoció haber engañado a las bolsas españolas simulando que el grupo kuwaití tenía un paquete de control de Torras del 40%, cuando en realidad poseían el 70% del capital de la holding española en 1988. Folchi relató a la Audiencia la venta de ICSA a la sociedad gibraltareña Croesus por 4.200 millones y la posterior de la sociedad Doferas a la irlandesa Smurfit, que se quedó ICSA por 11.982 millones. La fiscalía pide que se cite a Plinio Coll, administrador de sociedades en paraísos fiscales.