La oposición consigue que el derribo de las casas ruinosas deba aprobarse en el pleno municipal

La oposición (IU y PSOE) fustigó ayer al PP en el pleno municipal a base de reclamar comisiones de investigación sobre los últimos escándalos. La izquierda pidió que se investigasen algunas recalificaciones de terrenos en Aravaca -de las que presuntamente se beneficiaron personas con información privilegiada-, el uso fraudulento de los apartoteles de El Mirador Real (también Aravaca) por altos cargos del PP y ciertas tramitaciones irregulares de declaraciones de ruina que han provocado un expediente a un alto cargo de Urbanismo. El PP sólo aceptó una cosa: a partir de ahora será el pleno -máximo órgano municipal- el que decida si un inmueble es ruinoso y puede demolerse.

El primero de los escándalos abordados en el pleno de ayer fue el de ciertas declaraciones de ruina sospechosas de fraude. Francisco Herrera, portavoz de IU, se encargó de recordar el caso a los concejales: un conjunto de 10 edificios que entre 1992 y 1993 fueron declarados en ruina y posteriormente derribados sin que. El proceso que se siguió para ello provocó la denuncia de un funcionario del Departamento de Protección de la Edificación y la apertura de un expediente -actualmente en tramitación- al jefe del departamento, Fernando Macías, quien, en último caso, firmaba y decidía qué se derribaba y qué no. Herrera, al final de su turno de palabra, reclamó una comisión de investigación que aclarara el asunto. José María de la Riva, del PSOE, se sumó a la petición.Ignacio del Río, concejal de Urbanismo, del PP, y cuya velocidad a la hora de hablar limita con el prodigio, especificó que no aceptaba una comisión de investigación, pero que sí estaba de acuerdo en crear una "ponencia" para cambiar ciertas normas de las declaraciones de ruina futuras. "Por ejemplo, estoy de acuerdo en que las tramitaciones de ruina, tal y como pide la oposición, pasen por el, pleno".

Comisión sin apellido

Herrera replicó: "Bien, pero, aunque la llamemos comisión de investigación, o comisión sin apellido, o ponencia o como quiera, lo que yo quiero saber es si se van a poder investigar los expedientes de las declaraciones de ruina".

Y aquí terció el alcalde, José María Alvarez del Manzano: "Explíquele, por favor, señor Del Río, qué es lo que quiere usted crear, y acabemos pronto".

"Pues una ponencia que modifique la futura normativa", volvió a repetir Del Río. Y entonces, José María de la Riva saltó de su asiento. "Alto ahí. Hasta ahora yo no quería hablar pero me obligan. Hay presentados casos concretos de presuntas irregularidades en ciertos edificios y ustedes nos ofrecen una ponencia para que teorice sobre el futuro. Lo que pasa es que ustedes no quieren que se investigue. Pues... ¡Díganlo de una vez y no perdamos el tiempo!". Al final, gracias a la mayoría del PP, se desestimó la comisión de investigación y se aprobó la "ponencia reguladora".

El otro punto caliente -que abordó los otros escándalos urbanísticos que la oposición achaca al PP- llegó un par de horas después. También en este caso la oposición pidió una comisión de investigación que aclarara el uso indebido de un apartotel -El Mirador Real en Aravaca- como vivienda -algo ilegal-, llevado a cabo, entre otros, por altos cargos del PP. También pidió que la comisión estudiara el beneficio de ciertas personas, presuntamente gracias a información privilegiada, a la hora de comprar terrenos en Aravaca posteriormente recalificados para pagar a los expropiados de la traza de la M-40.

"¿Díganme por qué no se ha cerrado aún El Mirador Real?", preguntó el concejal de IU Julián Rebollo. "A ustedes no les preocupa el futuro de Madrid, sólo especular con los terrenos y proteger a sus amiguetes", añadió. "Como sigan así les va a salir un churro de ciudad", concluyó.

José María de la Riva atacó desde la perspectiva irónica: "Les interesa que se aclare todo, y al que más le interesa es a usted, señor alcalde, ya que alguien muy cercano a usted salió a relucir en este asunto [el hijo del alcalde, arquitecto, participó en un concurso en Aravaca]". A Álvarez del Manzano, sin querer, se le escapó entonces por los altavoces -sin contar con que el micrófono estaba abierto- un "hay que jorobarse".

"En los tribunales"

Ignacio del Río, por el PP, desestimó la comisión de investigación argumentando ya que "el asunto está en los tribunales porque así lo han denunciado los vecinos de Aravaca". "Ustedes, que alardean de querer tanto la ciudad", prosiguió Del Río, "practican un urbanismo arcaico e inquisidor; no se puede hacer un urbanismo serio movidos por intrigas particulares". De la Riva replicó: "Lo que tiene que hacer usted es pasearse más por Aravaca, porque yo le digo", y aquí empleó el concejal un tono profético, "que lo peor está por salir".

Del Río, que no respondió nunca a la pregunta de por qué no cerraba El Mirador Real, concluyó: "Sus amenazas no nos asustan. Mírenos. En nuestro grupo estamos muy tranquilos", concluyó.

Otros acuerdos

Ley del cable. El pleno del Ayuntamiento decidió aplazar el debate sobre la división de Madrid en dos zonas para que las empresas que lo deseen puedan concursar a fin de cablear la ciudad. La ley estipula que cada demarcación no puede tener más de dos millones de habitantes.

Nuevos barrios. Los concejales del PP aprobaron en solitario la construcción de los nuevos barrios de Montecarmelo, Sanchinarro, Las Tablas y Carabanchel (45.000 viviendas).

San Blas y Continente. El grupo municipal de IU pidió la paralización de las obras del futuro centro comercial Continente en San Blas por habérsele concedido la licencia "por silencio administrativo". El PSOE, por su parte, reclamó que se redujeran los 12.000 metros cuadrados previstos y que se cediera una parte de terreno a los comerciantes de la zona. El PP no aceptó ni una cosa ni otra, pero expresó su deseo de "llegar a un acuerdo con los comerciantes".

Deporte y policía. El partido Socialista pidió que se habilitara un tiempo -en el horario de trabajo- para que los policías municipales pudieran hacer deporte. El PP rechazó la propuesta.

Estudio sobre radiales. El PP apoyó una propuesta del grupo socialista que pedía elaborar un plan para calibrar el impacto del tráfico en la ciudad debido a las nuevas radiales de acceso a Madrid que construirá el Ministerio de Fomento. Eugenio Morales, del PSOE, indicó que el municipio "debía adelantarse al impacto y calibrar algo que afectará a la ciudad".

Los coches y el centro. El partido socialista también pidió la elaboración de un "plan de movilidad para el centro", debido a que, según Eugenio Morales, del PSOE, la velocidad media del tráfico en este distrito "ha descendido en los últimos 12 meses". El PP estuvo de acuerdo.