Los irlandeses acuden a las urnas para endurecer la legislación penal
Un año después de que los irlandeses aprobaran por los pelos en un polémico referéndum el derecho al divorcio, el Gobierno de Irlanda, que dirige John Bruton, ha vuelto a convocar a las urnas a los 2,2 millones de ciudadados con derecho a voto, esta vez para que emitan su veredicto sobre el endurecimiento en las leyes penales. La propuesta, que se votó ayer, está apoyada por todos los partidos. La alteración de las leyes de la libertad condicional obliga a retocar la Constitución de 1937, por lo que era obligatorio un referéndum.
Esta vez, al contrario que en el caso de la ley de divorcio, la posición del Gobierno de coalición (Fine Gael y Partido Laborista) coincide con el resto de los grupos con representación parlamentaria, incluidos los más conservadores, mientras la defensa de la actual legislación ha corrido a cargo de grupos pro derechos civiles. El resultado del referéndum no se conocerá hasta hoy, pero la opinión generalizada en la sociedad irlandesa es la de que un endurecimiento penal es necesario para poner freno a la situación actual.La imagen bucólica y rural de Irlanda hace tiempo que dejó paso a la de un país desarrollado y moderno afectado por las mismas plagas de delincuencia e inestabilidad social de muchos de sus socios comunitarios. El aumento de los índices de criminalidad, especialmente en el área de Dublín, que ha crecido desproporcionadamente desde finales de los años sesenta, y la inefectividad del sistema judicial, han quedado patentes en varios casos sonados, como en el asesinato en junio de este año de la famosa periodista de sucesos Verónica Guerin, por las mafias de la droga dublinesa.
Pero no se trata sólo de los grandes casos que evidencian una sociedad más dura. Según datos policiales del año pasado, 5.000 delitos graves fueron cometidos por personas que estaban en libertad condicional. La actual legislación sólo impide poner en libertad en espera de juicio a un detenido en dos circunstancias concretas: cuando hay temores justificados de que su libertad puede poner en peligro a un testigo o cuando existen temores suficientes de que el detenido puede intentar escapar.
Si el referéndum es favorable al cambio constitucional, el Parlamento sancionará nuevas leyes que permitirán a los jueces rechazar la libertad condicional a un detenido, basándose en los temores fundados de que pueda volver a delinquir apenas pise la calle. El caso de Verónica Guerin conmovió a la opinión pública nacional e internacional, la pasada primavera. Guerin, de 36 años y seguidora del partido nacionalista Fianna Fail, cayó asesinada por los disparos de dos matones a sueldo cuando investigaba los entresijos del nuevo hampa dublinés. La dificultad del caso y las escasas perspectivas de sentar ante los tribunales a los asesinos, no han hecho sino poner de relieve la impotencia del sistema judicial irlandés.
