La herencia de Orti tiene albacea
Juan Ortíz Úrculo fue uno de los críticos del proyecto de creación de la llamada Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo; cuando llegó el momento de elegir al fiscal jefe, presentó su candidatura para el puesto. Pero no pudo ser. La batalla la ganó Carlos Jiménez Villarejo, quien pasó a ser fiscal jefe del nuevo organismo el pasado mes de diciembre. Y, ahora, Ortíz Úrculo y Jiménez Villarejo están en el mismo barco.La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, tras saber que el fiscal Florentino Orti estaba considerando solicitar una excedencia, abrió un periodo de consultas en el último mes y medio para prever una eventual sustitución. En lugar de esperar al hecho, decidió adoptar una posición preventiva: nombrar un fiscales antes de que Orti pidiese la excedencia.
Había dos alternativas: designar un fiscal de la Audiencia Nacional o seleccionar a un miembro de la Fiscalía Anticorrupción. La primera presentaba un problema que se remontaba a la presentación de la querella contra Mario Conde y los ex administradores de Banesto. Un grupo de fiscales de la Audiencia criticó con dureza la decisión de presentar la querella elaborada por Orti en noviembre de 1994 sin pasar por la junta de fiscales e hizo del asunto Banesto una bandera de lucha contra el fiscal jefe, José Aranda. La propia Fiscalía General inspecciona en estos momentos la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La segunda alternativa, la de conferir la responsabilidad del caso Banesto a la Fiscalía Anticorrupción, permitía evitar el recrudecimiento de la guerra que, con mayor o menor virulencia" ha estado abierta en la Audiencia. Es la opción sutil que adoptó la secretaría técnica y que eligió el Fiscal General. "Será esta Fiscalia", dice la nota oficial en referencia al organismo que dirige Jiménez Villarejo, ",la que en adelante se, responsabilizará del caso". Aun cuando la instrucción del caso está prácticamente concluida, no cabe desdeñar Io que queda pendiente: la vista de los recursos de apelación sobre nuevas inculpaciones (Mariano Gómez de Liaño, Francisco Javier Sitges y Jacques Hachuel, entre otros) y las diligencias que pueden derivarse de la comisión rogatoria suiza. Pero esto no es todo: también queda una tarea decisiva, como lo es la representación del Ministerio Fiscal en el juicio oral, cuando éste tenga lugar, a finales de 1997 o primeros de 1998.
El escrito de calificación del fiscal Orti se convierte en su testamento. La Fiscalía Anticorrupción es, por decisión del Fiscal General y del Consejo Fiscal, su albacea.
