CiU se suma a las dudas del PSOE sobre la eficacia del convenio de extradición

Las alianzas políticas no llegan a materializarse como un cheque en blanco y ayer, en el Senado, y en la comisión mixta para la Unión Europea, CiU se acercó al PSOE a la hora de poner en duda, muy seriamente, la eficacia del convenio de extradición europea que el Gobierno ha hecho llegar a la opinión pública como el final de todos los problemas a la hora de extraditar terroristas.

Ignaci Guardans, en nombre de los nacionalistas catalanes, aseguró que no veía "el avance que se está intentando vender a la opinión pública", y añadió que asumía todos los razonamientos que antes había hecho la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, que había acusado al Gobierno de "precipitación" por firmar un convenio que, en su opinión, no resuelve los problemas de extradición. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, rechazó esta interpretación de socialistas y nacionalistas catalanes, aunque admitió que "a lo peor resulta que no es un tratado eficaz", y concluyó su última intervención diciendo: "No he venido a alardear, pero no me aprieten ustedes tanto porque lo que se ha conseguido es muy importante".La ministra de Justicia hizo ante la comisión mixta una larga exposición en la que subrayó todos los avances que el convenio supone y tuvo la gentileza política de reconocer que se trataba del final de un camino largamente recorrido por el anterior Gobierno socialista. Mariscal de Gante destacó todos los avances que el convenio de extradición supone, y fundamentalmente la desaparición definitiva del concepto de delito político en el área de la Unión Europea, pero tuvo que admitir que los Estados firmantes del convenio pueden presentar reservas a determinados artículos y que "todavía no pueden hacerse previsiones acerca de si algún Estado se acogerá a esta posibilidad".

Pese a todo, la ministra insistió, en su primera intervención y en la réplica, que aunque un Estado formule reservas al convenio, "odrá denegar la extradición por el delito de pertenencia a banda armada, pero no podrá denegar la extradición por el delito de colaboración con banda armada".

Fernández de la Vega hizo una intervención mitad técnica, mitad política, en la que afeó al Gobierno que haya "perdido una magnifica oportunidad" para avanzar sustancialmente en la solución del problema de las extradiciones y que ha podido "equivocarse o precipitarse al suscribir un convenio" ineficaz porque en él se establece como principio central el de "la doble incriminación", es decir, el que exista en el Estado al que se requiera la entrega de un delincuente el mismo delito en su Código Penal por el que se le quiere juzgar en el país que formula la solicitud de entrega.

La sorpresa de la tarde corrió a cargo del representante de CiU, Guardans Cambó, que admitió "un cierto logro" en el texto del convenio para añadir que iba a "repetir exactamente el argumento de la portavoz socialista" a la hora de criticar los vacíos que desde su punto de vista tiene el texto. Para Guardans, la interpretación de su grupo, como la del socialista, supone "la lamentable consecuencia de que seguirá habiendo paraísos terroristas en Europa".

Réplica a Castellano

Ignacio Gil Lázaro, en nombre del grupo popular, destacó los indudables avances del convenio y afirmó, paladinamente, que no quería "establecer ninguna polémica especial", aunque, en su opinión, la situación que se logrará cuando el convenio sea ratificado por los 15 países de la UE será sustancialmente mejor".Pablo Castellano (IU) se felicitó por el convenio, ya que, en su opinión "más vale un acuerdo perceptible que un, vacío", pero se extendió en denunciar las contradicciones que desde su punto de vista sostiene el Gobierno cuando exige a otros países actuaciones judiciales contundentes, mientras en el nuestro niega documentos que solicitan los jueces para esclarecer delitos, en expresa referencia a los papeles del Cesid, que reclaman algunos magistrados y que el Gobierno ha denegado. En la réplica la ministra aseguró que comprendía la posición de Castellano. Pero el portavoz del grupo popular, Gil Lázaro, pidió la palabra y en una especie de debate colateral afirmó con rotundidad que su grupo no admitía, en ningún modo, las acusaciones de Castellano, que había hablado de "obstrucción a la justicia ".