Suspension judicial de la sanción de la abogacía al letrado de Conde y Perote
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado suspender provisionalmente la sanción de cinco meses de suspensión en el ejercicio de su profesión, impuesta por el Consejo General de la Abogacía (CGA), que preside Eugeni Gay, a Jesús Santaella, letrado del ex presidente de Banesto Mario Conde y del ex alto cargo del Cesid Juan Alberto Perote. El castigo guarda relación con las gestiones realizadas por Santaella ante el Gobierno, con ocasión de las cuales incurrió, según el CGA, en falta muy grave contra "la dignidad de la profesión" y "las reglas éticas que la gobiernan".Santaella impugnó la sanción impuesta en junio último y presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal. Superior de Justicia de Madrid. El letrado solicitó la suspensión de la sanción mientras se tramita el recurso. A la vista de los argumentos del abogado sancionado y del informe favorable tanto del fiscal como del Colegio de Abogados de Madrid, la sala ha apreciado la "imperiosa necesidad" de dejar sin efecto la ejecución de la sanción hasta tanto ésta sea firme. El tribunal estima que la ejecución de la sanción podría causar al abogado graves daños o perjuicios.
El CGA sancionó a Santaella por considerar que el abogado de Conde y Perote había infringido el Código Deontológico de la Abogacía Española, así como varias normas legales "que obligan terminantemente a los abogados a mantener de forma absolutamente rigurosa el secreto profesional, que alcanza a ( ... ) las confidencias del adversario y las de los compañeros".
El máximo órgano de la abogacía relató las gestiones realizadas en 1995 por Santaella cerca del ex ministro del Interior José Barrionuevo, el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el presidente del Gobierno, Felipe González, sobre el conocimiento por Conde y Perote. de informaciones confidenciales, altamente sensibles para la seguridad del Estado, sustraídas del Cesid y "supuestamente en poder de sus dos clientes".
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