Sáenz de Santa María reitera a Garzón que se inhiba en favor del Supremo

El abogado del teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, Miguel Cid, ha presentado un nuevo recurso de reforma ante Baltasar Garzón para que el juez de la Audiencia Nacional remita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones abiertas contra su cliente por, el caso Oñederra, en el que se investigan los primeros asesinatos de los GAL. En el mismo también reclama una vez más el levantamiento del secreto del, sumario en "todo lo que pueda afectar" a su representado y el sobreseimiento de la causa.La respuesta del letrado alude al auto dictado el pasado día 11 por Garzón acusando al Gobierno de crear "un manto de impunidad" al negar la desclasificación como secretos de los papeles del Cesid. "Es claro", indica Cid, "que el juez instructor tiene necesariamente que abstenerse de intervenir en aquellas investigaciones antes mencionadas y referidas a la fundación, organización y estructura del denominado GAL que, al ser competencia del Tribunal Supremo, devienen en incompetente a ese instructor para realizarlas por muy trascendente e importante, cosa que nadie duda, que sea la función jurisdiccional del juzgado al que nos dirigimos".A juicio de Cid, se está produciendo un grave daño a Sáenz de Santa María porque "se ve sometido a un proceso y a unas gravísimas imputaciones" de las que hasta ahora no puede defenderse y que "le causan un grave quebranto en su dignidad como persona, lo que, sin duda, está muy por encima de cualquier otra consideración o del celo en la investigación judicial".Apelación

Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional verá el próximo día 24 la apelación del abogado Jorge Argote contra la decisión del juez Javier Gómez de Liaño de mantener el procesamiento y la situación de prisión provisional contra su defendido Julen Elgorriaga, ex gobernado civil de Guipúzcoa, por el caso Lasa-Zabala.

Gómez de Liaño entiende que hay indicios suficientes para considerar a Elgorriaga autor de do delitos de detención ilegal, cooperador necesario en dos de tortura y "autor por comisión por omisión" de dos asesinatos, así como que existe "cierto riesgo de que e procesado, llegado el momento no resistiese la tentación de poner se fuera del alcance de la Justicia",