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Recurso al Supremo contra la negativa del Gobierno a entregar los 'papeles del Cesid'

El recurso planteado ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la negativa del Gobierno a desclasificar los papeles del Cesid sitúa en una nueva instancia judicial el conflicto entre los jueces de la jurisdicción penal y el Gobierno, tanto el pasado del PSOE como el actual del PP.El primero de los recursos anunciados fue presentado por las madres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala -detenidos, torturados y asesinados en 1983 por los GAL- contra la negativa del Consejo de Ministros a desvelar determinados documentos secretos pedidos por el juez Javier Gómez de Liaño.

El abogado Íñigo Iruin, que ha anunciado un recurso similar en relación con la muerte de Lucía Urigoitia, fundamenta la impugnación del acuerdo adoptado por el Consejo, presidido por José María Aznar, en la supuesta vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, que consagra el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

La sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dictada el 14 de diciembre de 1995 para resolver el planteado entre el juez Baltasar Garzón y el ministro de Defensa por la negativa de éste a entregarle los documentos indicó que el camino adecuado para obtenerlos era la petición razonada al Gobierno.

En su recurso, Iruin recuerda que, el 20 de mayo último, Gómez de Liaño pidió al Gobierno, por conducto del ministro de Defensa, "la desclasificación de cuatro documentos que figuraban en la causa como existentes en los archivos del Cesid, al objeto de incorporarlos al sumario". El juez razonó su petición en su deseo de "poder decidir mejor acerca de la índole y gravedad de los delitos investigados y sobre los indicios de culpabilidad criminal que desde la racionalidad han empezado a caer sobre determinadas personas" en el caso Lasa-Zabala.

Ante la decisión del Consejo de Ministros del 2 de agosto último de "no acceder a la desclasificación solicitada" y por entender que "este acto desestimatorio expreso" vulnera el derecho a la tutela judicial, Iruin interpone recurso. El letrado recuerda que tal derecho fundamental es susceptible de amparo constitucional e invoca otros preceptos constitucionales, como la prohibición de la arbitrariedad, el sometimiento de la Administración "a la ley y al Derecho", el control judicial de "la legalidad de la actuación administratíva" y la obligación de "prestar la colaboración requerida a los jueces y tribunales". [El Supremo revocó en su día la designación de Eligio Hernández como fiscal general del Estado].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de septiembre de 1996