Todos los conductores denunciados en la capital entrarán en un ordenador

La multinacional norteamericana Electronic Data Systems (EDS) ha asumido ya el cobro de las multas de tráfico impuestas en Madrid capital con el objetivo de no dejar pasar ni una. Ese es, al menos, el encargo del equipo de gobierno del PP, que ha privatizado un servicio desempeñado hasta ahora, con escaso éxito, por la empresa municipal Eresa. En un futuro inmediato, todos los conductores denunciados entrarán en un ordenador.La nueva adjudicataria se propone además que dos empleados -un notificador y un testigo- acudan al domicilio de cada infractor para notificar la multa. Hasta ahora, se remitían casi en su totalidad por correo, lo que propiciaba las triquiñuelas y los extravíos. La empresa EDS espera dedicar en principio-200 personas a las notificaciones. Esos empleados se enfrentarán a 12.000 denuncias diarias. El pasado año, los servicios municipales practicaron una media de 494 notificaciones al día, con una plantilla total de 126 personas, de las que sólo 52 se dedicaban a la gestión de multas de tráfico (el resto atendía a otros cobros municipales).

Actualmente, de las 12.000 infracciones de tráfico que se denuncian al día en la capital (la mayoría corresponden a la ORA), sólo 7.500 entran en los ordenadores. Es decir, cada jornada se quedan sin tramitar, y por tanto sin posibilidad de cobrar, 4.500 multas. Diariamente, además, se presenta una media de 1.000 recursos contra las multas tramitadas. Y suelen quedarse sin respuesta de los servicios municipales. La nueva empresa obtendrá un 30% de lo que recaude. Su antecesora, la empresa municipal, logró recaudar, en 1995, 144 millones. Pero Electronic Data Systems espera elevar ese techo.

La principal novedad del sistema que entró en vigor ayer -y que se irá aplicando progresivamente- radica en las notificaciones: los empleados de EDS se identificarán mediante una acreditación del Ayuntamiento, y entregarán las multas en mano. Si el denunciado se niega a recogerla, el empleado testigo podrá acreditarlo donde convenga. Hasta ahora, la mayor parte de las denuncias se notificaba por correo certificado, un sistema eludido fácilmente con el sólo hecho de no recoger la carta. La Ley de Procedimiento Administrativo obliga a que la notificación sea "cursada en el plazo de diez días" a partir de la fecha en que se cometió la infracción.

Si los empleados de EDS no encuentran a nadie en el domicilio, incluirán el nombre del infractor correspondiente en la relación de sanciones que publicará el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. "No tengo medios para hacer las notificaciones ni para preparar los recursos si meto más funcionarios", explica Bujidos. El concejal agrega que tendría que pasar de los 52 funcionarios asignados actualmente a la gestión de multas a 250."Prefiero contratar a una empresa privada porque, es más eficaz y más rápido".

El PP asegura que EDS perderá el contrato de, las multas si usa datos confidenciales. Por su parte, Franco González, de Izquierda Unida, afirmó que "se va a incentivar la persecución indiscriminada del automovilista para beneficio de una empresa extranjera, que cuantas más multas cobre más dinero ganará".Bujidos no quiso concretar cifras: "El pliego de condiciones del concurso establece que el derecho de EDS a cobra está en función de la recaudación. Si no funciona, ellos sabrán donde se han metido". Por su parte, afirma que "no se ha marcado un objetivo económico" con respecto al aumento de recaudación. "Puede dispararse, depende de la testarudez de los madrileños. Puede ser un éxito económico y, a la vez, un rotundo fracaso del objetivo que se persigue: que los madrileños se den cuenta de que no pueden incumplir las normas. Además, se van a resolver todos los recursos y espero que la gente vea que recurrir por recurrir no tiene sentido", deseó.

La credencial facilitada a los empleados de EDS les identifica como empleados del "servicio de notificaciones concertado".

El reverso de la credencial recoge, no obstante, que el titular "será personalmente responsable de su utilización indebida". La concejalía de Hacienda ha facilitado "en principio, 200 acreditaciones". "El carnet les identifica como notificadores del ayuntamiento, pero no asumimos las responsabilidades por las irregularidades que puedan cometer si llegan a una casa y pegan, por el ejemplo, un mamporro o se llevan algo. No son empleados nuestros", explica Pedro Bujidos.

La posibilidad de irregularidades por parte de personas que se presenten como empleados municipales es otro uno de los puntos criticados desde la oposición.

Enrique Tierno se planteaba ayer una cascada de interrogantes -"¿El Ayuntamiento va a identificar a una persona privada?, ¿qué ocurre si hay suplantación?, ¿a quién se demanda?, ¿a la empresa o al Ayuntamiento?"- que deberían tener respuesta en "un manual de procedimientos para notificación de multas que no existe".

El portavoz de IU afirmó también que su grupo consultará con el Defensor del Pueblo para averiguar si es legal que una empresa privada tenga acceso al archivo informático municipal, conculcando el derecho a la intimidad de los ciudadanos

En la hipótesis de que EDS perdiera el contrato, perdería tanto lo invertido en la contratación de personal, como la adecuación de los locales, aunque el propio Bujidos califica de "un montaje simple" el operativo de EDS. La empresa ha invertido 70 millones de pesetas para adecuar las instalaciones municipales. "Hoy [por ayer] han empezado a informatizar y han recibido notificaciones de pagos voluntarios y de vía ejecutiva". La mayor parte del personal está realizando cursos de formación, por lo que las parejas que realizarán las notificaciones no salieron a la calle.

Franco González, de IU, alertó ayer sobre el riesgo de que los empleados de EDS acaban sustituyendo totalmente a los de Eresa. Denunció también "el desprecio a la cultura por parte del partido popular, que les cede los locales del Conde Duque".

La multinacional norteamericana será objeto de un control de calidad "día a día" por parte del Centro Municipal de Informática (CEMI), encargada de comprobrar sí la empresa hace correctamente las notificaciones de las 12.000 multas.

Con ello, Bujidos intenta salir al paso de las críticas de la oposición, que acusan al equipo de gobierno de dejación de funciones y de incapacidad para realizar su labor. El responsable de Hacienda manifestó ayer a este respecto que "el Ayuntamiento no ha perdido en ningún momento el control de todos los pasos". Enrique Tierno, por su parte, sigue basando su oposición a la privatización en el hecho de que "Eresa es una empresa especializada en el cobro de multas".