El Poder Judicial quiere controlar el polémico regreso de los magistrados desde la política

El informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitirá al Ministerio de Justicia sobre el regreso de los jueces desde la política hasta el juzgado ofrece que sea el propio Consejo el que les asigne el "nuevo destino", a fin de "reforzar la protección de valores como la independencia e imparcialidad judicial". La solución de tres años de excedencia forzosa contemplada en el anteproyecto de Justicia ha sido superada por el Consejo al proponer como alternativa la pérdida del destino anterior. Ramón Rodríguez Arribas, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cree, sin embargo, que "no sería desdeñable" que un juez que pase por la política abandone "para siempre" la judicatura.

El órgano de gobierno de los jueces considera que, "entre las diversas soluciones que podrían adoptarse para reforzar la protección de valores como la independencia y la imparcialidad judicial, destaca como más adecuada la asignación del nuevo destino por el CGPJ, previo informe de los órganos correspondientes, a quien regrese al ejercicio de funciones jurisdiccionales". Tal solución se plantea como alternativa a los tres años de excedencia forzosa que figuran en el anteproyecto de ley de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.El CGPJ estima excesiva esa excedencia forzosa y no apta para solucionar la posible pérdida de imparcialidad judicial como consecuencia del paso por la política. La propia APM, a la que perteneció la ministra autora del anteproyecto de ley, ve problemática la prohibición del regreso a la función judicial durante tres años. El secretario general de la APM, José Luis Requero pidió ayer que, de aplicarse tal medida, se garantice al juez un medio de vida "suficiente para vivir", informa Europa Press. Consideró, en cambio, "razonable que un juez no vuelva a su mismo destino tras pasar por la política".

Dedicación a la política

En declaraciones a Radio Voz, Rodríguez Arribas, el presidente de la APM, llegó a contemplar que "no sería absolutamente desdeñable" la posibilidad de que un juez que quiera dedicarse a la política se vea obligado a abandonar para siempre el mundo de la judicatura, si bien matizó que tal solución es "excesiva".El presidente de la APM se explicó así: "No tengo reparo en decir que los jueces han de comprender que las restricciones de sus derechos civiles están en razón del poder que ejercen. Son personas que ostentan un poder del Estado y, por ello, nada de particular tiene que se les prive de otros derechos que otros ciudadanos tienen".

Desde la propia APM, Requero señaló, por otra parte, que el anteproyecto de ley "tiene nombres y apellidos", en referencia al juez Baltasar Garzón, quien volvíó a su juzgado de la Audiencia Nacional y retomó el caso GAL tras ocupar durante un año cargos políticos dependientes del Gobierno socialista.

Para Requero, el regreso de Garzón a la judicatura "es un caso muy concreto y no creo", dijo, "que en el de otros jueces que hayan pasado a la política durante breve tiempo se hayan producido los mismos problemas". Ventura Pérez Mariño, que era magistrado de la Audiencia Nacional antes de ser reclutado por el PSOE para los mismos comicios que Garzón, regresó a su plaza judicial y en ella permanece.

El anteproyecto de ley informado por el CGPJ incorpora también una causa legal de abstención y recusación de los jueces para que se aparte del caso aquel magistrado que haya ocupado un cargo público desde el que pueda haber formado criterio sobre un determinado asunto o sobre los afectados por el mismo. Esta es la solución idónea, según el magistrado Juan José Romeo, miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, minoritaria y progresista. Romeo declaró ayer que no considera "correcta" ni la excedencia forzosa ni la propuesta del CGPJ de reincorporación inmediata a un puesto judicial distinto.

Para Romeo, el criterio a seguir con los jueces que hayan desempeñado cargos públicos es que "no puedan ocuparse de la instrucción de casos en los que, por su experiencia en la actividad política, hayan podido tener conocimiento extraprocesal". Lo explicó así: "Si un juez ejerce funciones en un juzgado civil y posteriormente pasa al Ministerio del Interior, es obvio que su tarea en el Ministerio no tendría ninguna influencia en su futura vuelta a la labor jurisdiccional, mientras que si ese juez ejerce en una plaza penal de la Audiencia Nacional cabría la posibilidad de que tuviese conocimiento extrajudicial de aquellos casos que tiene que instruir o enjuiciar".