"La privatización de monopolios coincide con intereses privados muy concretos"

Apartado de su cátedra por incompatibilidad desde hace 10 años, Julio Segura, consejero del Banco de España y director de la Fundación Empresa Pública volvió a las aulas la semana pasada para impartir un curso de economía española en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. No ha sido un paseo por la costa -más de 20 horas de clase, comprimidas en cinco días-, pero el consejero, de 53 años, apenas puede disimular que está disfrutando como un catedrático.Pregunta. Usted ha dicho "Liberalizar es regular más y mejor".

Respuesta. El mensaje ultraliberal "privatice, liberalice y desregule" es totalmente erróneo. Si uno privatiza y liberaliza, tiene que regular mejor para garantizar la competencia. Si se privatiza un monopolio, se transfieren unas rentas de monopolio del Estado a un grupo de particulares. Las arcas públicas pierden recursos, pero el grado de ineficiencia es el mismo. El mercado, sin ningún tipo de regulación, no funciona bien en estos casos, y quien mantenga lo contrario no es más que un mal economista Además, no nos engañemos, la privatización de monopolios coincide con intereses privados muy concretos.

P. ¿Qué empresas deben quedarse en el sector público?

R. Ninguna. El sector público no tiene por qué fabricar aluminio ni pasta de papel ni buques ni generar energía eléctrica. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades industriales, y privatizarlas es lógico Eso sí, hay que hacerlo bien, con el ritmo y las técnicas correctas, y a los precios adecuados.

P. ¿Y hasta el final?

R. Vendería con tranquilidad el 10% de Repsol y el 25% de Argentaria que quedan en manos públicas. Pero conservaría de ENDESA un 25% o un 30%, lo suficiente para controlar su gestión, porque el sector eléctrico tiene una gran concentración de poder económico privado. Aunque, en teoría, se podría conseguir lo mismo vendiendo todo y regulando bien.

P. Por lo que sabe hasta ahora, ¿qué le parece el programa privatizador del Gobierno?

R. Hubiera sido mejor estrategia culminar el proyecto empresarial que era Téneo que privatizar una a una sus empresas constituyentes. Téneo debería haber permanecido como grupo ya fuera en manos privadas o públicas. Por lo demás, no se puede discutir la tendencia general a privatizar, pero hay que mirar con lupa cada venta y la forma en que se lleva a cabo.

P. En cualquier Gobierno, el ministro de Economía parece una especie de enemigo en casa, valedor del pensamiento único y fuera de control político.

R. Es absolutamente falso que sólo haya una política económica posible. Es cierto que en la Unión Europea las políticas económicas deben estar coordinadas, pero no todos los países hacen lo mismo con las pensiones o la sanidad ni con el sector eléctrico. En las democracias, la política está por encima de la economía, aunque es cierto que los márgenes de maniobra se han estrechado.

P. En 1996, ¿qué distingue una política económica de izquierdas de una conservadora?

R. En macroeconomía, casi nada. Pero hay una diferencia crucial en los programas de protección social y en la intensidad de la redistribución de la renta por parte del sector público. una percepción distinta de cuál es el grado de equidad que debe tener la sociedad, cuál la desigualdad tolerable y cuánta la protección que ofrece el Estado a los ciudadanos. Por ejemplo, sería de derechas privatizar el sistema de pensiones (lo que, además, es impracticable e incompetente técnicamente), o abolir la gratuidad de la enseñanza en sus tramos básicos y obligatorios.

P. ¿Esa diferencia se traduce en un mayor o menor volumen de gasto público?

R. No necesariamente. Cualquier economista tiene que admitir que existen restricciones presupuestarias. Una economía no puede funcionar si el gasto público supone un 65% del producto interior bruto, pero sí puede, y muy bien, con un 40% o un 45%.

P. Sin embargo, los gastos en sanidad, pensiones o educación son muy rígidos, ¿no?

R. El problema no es el nivel de gasto actual, sino su tendencia a aumentar. España puede mantener el gasto en pensiones, alrededor del 10% del PIB, pero no podría soportar su incremento hasta el 13%. La solución no es cambiar radicalmente el sistema de pensiones, sino atajar la tendencia al alza de su coste.

P. ¿Entre qué hay que elegir?

R. Entre un sistema de pensiones mínimas y no universal y otro de de pensiones básicas y universal, siempre que sea sostenible. Hay quien defiende -oponiéndose a la Constitución, por cierto- un acceso no universal a la sanidad. Yo creo que su financiación debe ser pública y el acceso prácticamente gratuito. El problema es hacer la gestión más eficiente. Lo que está claro es que un sistema sanitario financiado con pólizas privadas, como el estadounidense, es el más caro, el más ineficiente y el más injusto.

P. La iniciativa privada, ¿garantiza una inversión suficiente en investagación, tecnología y formación?

R. No. No la garantiza en ningún país del mundo, y menos en España. Por eso, en todos los países hay mecanismos públicos de apoyo a la investigación y desarrollo, y a la formación y cualificación de la mano de obra. Lo que se dedica en España a formación es ridículo.

P. ¿Hay que invertir más en tecnología?

R. Más importante que aumentar la inversión es definir los objetivos. Inventar un producto es muy difícil, pero innovar los procesos de producción y abaratarlos es asequible. Para España, además, es muy importante asimilar bien las tecnologías importadas. Nunca vamos a inventar un nuevo hardware, pero debemos aprender a usar el importado a la perfección.

P. ¿Están los Gobiernos atados de manos por los mercados?

R. Yo diría que sí. Al menos están muy condicionados. Los mecanismos de intervención que tenían los Estados para compensar las grandes operaciones especulativas ya no existen. No hay sistema de reservas centrales europeas que pueda soportar un ataque especulativo de 20 días.

P. ¿Volverá a engordar el Estado?

R. No está adelgazando mucho, salvo en la empresa pública industrial. Los porcentajes del PIB en gasto público no se han reducido significativamente en ningún país. del mundo.

P. ¿Qué asignaturas le quedarán a la economía española más allá de la convergencia nominal en Maastricht?

R. Yo diría que todas. La convergencia nominal es una condición necesaria, pero no suficiente, para lo que le importa a la gente, que es la convergencia real: que la renta per cápita y el empleo se parezcan a la media europea. Además de contener la inflación y el déficit, se requieren reformas estructurales: reformar los programas de protección social para hacerlos sostenibles, romper los monopolios en los sectores de servicios, racionalizar la agricultura, cuyos costes son disparatados, y conseguir que la Administración pública funcione eficientemente.