El fiscal amenaza con pedir el arresto de los testigos que falten a los juicios
Casi uno de cada tres juicios convocados en Madrid durante 1995 fueron suspendidos por incomparecencia de testigos, según la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Aunque la cifra de vistas suspendidas es ligeramente inferior a la de 1994, sigue siendo muy importante, por lo que la fiscalía está dispuesta a pedir el arresto de los testigos que no asistan a juicios sin justificación alguna. El nuevo Código Penal castiga estos casos con arresto de 12 a 18 fines de semana.
En total, se celebraron el pasado año en los juzgados madrileños 19.473 vistas.La memoria de actividades de la Fiscalía de Madrid, que dirige Mariano Fernández Bermejo, destaca que en 1995 se incoaron en la región 404.576 procesos, un 1,5% más que en 19514. De ellos, 276.105 se abrieron en la capital, lo que supone un 2% menos que el año anterior. Tal disminución implica, para el fiscal, un descenso de delitos en la capital. Sin embargo, la memoria advierte un incremento delictivo en los municipios de la Comunidad, casi un 10% más.
El descenso en el número de delitos cometidos en la capital y su aumento en los pueblos es interpretado por el fiscal como un reflejo de que la población decrece progresivamente en la ciudad y se desplaza a pueblos de la periferia. Los delitos contra el patrimonio siguen siendo, de forma abrumadora -un 86% del total, algo más de 300.000-, los que más se registran. Le siguen los delitos contra las personas, unos 23.000. Y los delitos contra la libertad y seguridad, que sobrepasaron los 9.000.
El fiscal destaca también en su memoria, que ha sido elevada al fiscal general del Estado, Carlos Granados, que el año pasado fueron detenidas en Madrid 17.500 personas, un 13% menos que en 1994. De las 17.500, un 88% eran hombres, y el 12%, mujeres.
La memoria alude también a la intervención de la fiscalía en la persecución de delitos contra el medio ambiente. En 1995 se efectuaron más de cuarenta investigaciones sobre esta materia, en su mayoría por vertidos incontrolados. La fiscalía advierte de la necesidad de que la Administración haga cumplir las normas a los ciudadanos y que la labor inspectora se incremente mucho sobre lo efectuado hasta ahora.
Los menores, un tema al que el fiscal jefe de Madrid ha prestado una atención especial desde que llegó al cargo, es otro de los asuntos que analiza la memoria. En 1995 se abrieron dos diligencias para proteger el derechos de los menores a su intimidad e imagen. Y se registraron dos condenas contra medios de comunicación que habían utilizado negligentemente la imagen de menores. La fiscalía actuó de oficio en estos casos.
El fiscal comienza a advertir cierto autocontrol de los medios de comunicación a la hora de informar sobre los menores, de lo que se congratula.
La prisión preventiva de. una persona (el nuevo Código Penal la ha limitado de tal forma que un juez sólo podrá decretarla si alguna de las partes la pide) también es analizada por el fiscal. La memoria refleja las 338 comparecencias en las que el fiscal intervino desde que entró en vigor la reforma de la prisión preventiva, a finales del pasado mes de noviembre y hasta diciembre.
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