Los sindicatos piden hoy a Piqué que no haya un proceso indiscriminado de privatizaciones

El plan de privatizaciones del Gobierno amenaza con arruinar el diálogo social. Hoy, el ministro de Industria, Josep Piqué, y los sindicatos hacen un segundo intento para desbloquear la situación que ha provocado la primera protesta sindical contra el PP. Comisiones y UGT pedirán que no haya un proceso indiscriminado de venta de empresas y que se analice caso a caso. En otras mesas el debate es menos complicado. Está prácticamente cerrado un pacto sobre el reglamento de prevención que permitirá empezar a aplicar la ley de salud laboral y obligará a las empresas a contar con un Servicio de Prevención y a medir los riesgos en seguridad y enfermedades profesionales de cada puesto de trabajo.

En esta ocasión serán los dirigentes del Metal de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Manuel Fernández Lito, los que se reunirán con el ministro Piqué para buscar algún tipo de entendimiento sobre el proceso de venta de empresas públicas. Hace apenas veinte días los líderes de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, no encontraron más que discrepancias en un encuentro similar con el ministro de Industria. Si no se desbloquea ese asunto, los sindicatos ya han anunciado que radicalizarán sus protestas. Méndez declaraba ayer que "la temperatura social en el próximo otoño depende de la política del Gobierno".En la negociación sobre salud laboral las cosas transcurren por la vía del entendimiento. Gobierno, sindicatos y patronal tienen previsto celebrar en los próximos días la última y definitiva reunión con un consenso que está ya prácticamente cerrado. El reglamento de los servicios de prevención es mucho más preciso que la propia Ley de Salud Laboral y su entrada en vigor -previsiblemente en octubre próximo- debe crear una nueva cultura en los centros de trabajo. La propia norma dice que la salud laboral tiene que dejar de ser una mera "subsanación de situaciones de riesgo" para integrarse, en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa desde el comienzo mismo del proyecto empresarial". Actualmente sólo una parte pequeña de las empresas tienen unos rudimentos de prevención, a excepción de las grandes industrias químicas, de minería o eléctricas.

Servicio de Prevención

A partir de ahora las empresas tendrán que realizar una evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y adoptar las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. Los trabajadores tendrán derecho a participar en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas.Además, se establecerá un control periódico y cada vez que se introduzcan nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, nuevas tecnologías o cuando se modifique el acondicionamiento del lugar de trabajo. Las empresas deben asimismo realizar "la identificación de los elementos peligrosos y de los trabajadores expuestos", que ahora sólo se hace en las empresas de alto riesgo, y "eliminar, controlar y reducir dichos riesgos".

La organización de los recursos para las actividades preventivas puede ser asumida por el empresario, por uno o varios trabajadores encargados, un Servicio de Prevención propio o recurrir a una compañía especializada. El empresario puede responsabilizarse personalmente si su empresa tiene menos de seis trabajadores, no pertenece al grupo de alto riesgo y él acredita formación y desarrolla de forma habitual su actividad en el centro de trabajo.

El Servicio de Prevención propio será obligatorio en las empresas con más de 500 trabajadores, las de alto riesgo con una plantilla entre 250 y 500 empleados y aquellas donde lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo por la peligrosidad de su actividad o la frecuencia de sus siniestros.

Todas las empresas que no tengan concertado un Servicio de Prevención ajeno deben someterse a un control de auditoría que, cada cinco años o cuando la autoridad laboral requiera, mida los medios para las actividades preventivas.

La importancia de esa norma radica en que la siniestralidad sigue aumentando. Un informe de CC OO indica que en los cinco primeros meses de este año, se registraron en España 496.420 accidentes de trabajo, con 530 trabajadores muertos y 288.400 que causaron baja, y eso supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año 1995. Esos siniestros tienen un alto coste económico. La Organización Internacional del Trabajo y la OCDE estiman que las muertes, los accidentes y las enfermedades laborales representan entre el 1% y el 4% del producto interior bruto en los países desarrollados.