¿Nuevos "burgos podridos"?

Entre las numerosas medidas que es preciso tomar para sanear a fondo la vida pública española, una de las mas importantes y necesarias, y que está echándose de menos desde hace muchos años, es la reforma electoral. Es tan evidente, y ha sido subrayada tantas veces y en tantos tonos la necesidad de acabar con el régimen de candidaturas cerradas y bloqueadas, que sería enfadoso insistir aquí en ello. Cabe duda sobre si es oportuno abrir y desbloquear inmediatamente y de una sola vez las listas de Candidatos que presentan los partidos, o si resulta más prudente limitarse a su desbloqueo, dejándolas por Ahora cerradas y permitiendo al votante mostrar mediante un signo su preferencia hacia determinados candidatos y mostrar su hostilidad hacia otros tachando sus nombres de las listas. Tal es el mínimo a que debemos aspirar si queremos que la auténtica voluntad popular se cuele, como corriente de aire refrescante, en la designación de los representantes del pueblo: función que éste se ve hoy forzado a delegar, sin apelación posible, en los partidos políticos, a los cuales -por muy democrático que sea su funcionamiento interno, y todos sabemos que: en muchísimos casos no lo es- sólo les corresponde proponer candidatos para que el cuerpo electoral escoja entre ellos sus representantes, sin que el resultado de su libre opción se halle prejuzgado de antemano por el establecimiento de su orden inalterable, bloqueado.Esta reforma implica la modificación de las normas electorales relativas a la designación de los miembros del Congreso de los Diputados y de las que rigen las elecciones locales y las de los Parlamentos de las comunidades autónomas, lo que requiere un acuerdo muy amplio. Si éste no es posible, su imposibilidad no ha de servir de pretexto para abstenerse de cambiar las leyes allí donde puedan. ser cambiadas.

Porotra parte, la tantas veces anunciada reforma del Senado, si se hace en serio y no queda reducida a mero retoque, entrañará una enmienda constitucional. Sea cual sea el criterio que la presida para hacer de esta Cámara un órgano genuinamente representativo de las entidades territoriales que componen el Reino de España, debe aprovecharse la modificación que en la Constitución se introduzca para establecer la composición y la elección del Senado, alterando simultáneamente el texto del apartado 2 del artículo 68, de modo que, al determinar la composición ' del Congreso de los Diputados, se suprima la asignación de la llamada "representación mínima inicial a cada provincia. Así, la representación de- una provincia en el Congreso se ajustará únicamente al criterio de la proporcionalidad el número de sus habitantes. Ha durado demasiado el abuso cuya consecuencia es que la provincia de Barcelona elige un diputado por cada 124.678 electores censados mientras que la de Soria elige uno por cada 26.143.

Santo y muy bueno que el criterio de proporcionalidad demográfica se mitigue o se compense (o incluso se elimine, si hay razón para ello) en los Parlamentos únicamente de las comunidades autónomas; pero en unas Cortes bicamerales, una (al menos) de las cámaras debe obedecer, en su composición, a la estricta proporcionalidad. Eso sí, la otra Cámara debe tener un peso político mayor que el del actual Senado y equiparable con el del actual Congreso en lo relativo a la elaboración de las leyes.

Inmediatamente después de las elecciones del 3 de marzo último, una especie de pataleta de pésimo gusto, además de injusta, movió a ciertos comentaristas, desilusionados por la brillante votación que acababa de obtener el PSOE, a hablar de un voto cautivo., como si no fuera tan libre como los otros el emitido por ciertos sectores de la población. A juzgar por el trato que les dispensa el artículo 68 de la Constitución, ¿pensaremos también que es cautivo el voto -o, cuando menos, una parte de él- de las provincias más densamente pobladas? El caso trae a mi memoria otra pataleta famosa en su tiempo: la del entonces jefe del Gobierno Manuel Azaña, que en la primavera de 1933 reaccionó ante la estrepitosa derrota de éste en unas elecciones municipales parciales diciendo en plenas Cortes que los pequeños municipios rurales que acababan de votar contra él eran "parecidos a lo que llamaban en otro país los burgos podridos en sentido electoral" (*). El verdadero voto cautivo ¿estará, para los autores de nuestra Constitución, no en los sectores sociales que los pataleantes denunciaban hace cuatro meses, sino en Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza y otros grandes centros urbanos convertidos en los burgos podridos de este final de nuestro siglo?