Jueces sin gobierno

ES DIFÍCIL saber cuáles han sido los motivos que han bloqueado de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero sean los que sean, es escandaloso que los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- vuelvan a poner sus intereses ]:)articulares por encima de sus deberes institucionales. Es una actitud irresponsable que prolonga la agonía de una institución gravemente desacreditada e imposibilitada para llevar a cabo sus funciones de gobierno de los jueces.Escasea el tiempo legalmente habilitado para intentar cerrar un acuerdo antes de que se convoque en septiembre la solemne apertura del año judicial bajo la presidencia del Rey. No sería tolerable que ese acto se celebrase ante un Consejo diezmado y desprestigiado. De ahí que sea urgente consensuar la lista de los 20 vocales del Consejo, de forma que puedan ser ratificados este mes de julio en sendos plenos extraordinarios del Congreso y del Senado.

Renovar el Consejo, en funciones desde hace ocho meses, es ya mucho más que un deber legal. La presencia en su seno de un vocal, Pascua¡ Estevill, que en estos momentos está siendo juzgado ante el Tribunal Supremo bajo la grave acusación de prevaricación continuada hace de esa renovación una exigencia ética inaplazable. Hace tiempo que este juez debió ser destituido, pero si el propio Consejo fue incapaz de articular una mayoría suficiente para ello, el Parlamento debía haber terminado con esta vergüenza institucional hace meses. Mucho más si se tiene en cuenta que el mandato reglado del actual Consejo acabó hace ocho meses, y que hoy, entre fallecimientos y dimisiones, ni siquiera cuenta con quórum para celebrar plenos.

En esta ha sido el PSOE el que ha deshecho en esta ocasión el acuerdo de principio metiendo en la lista un nombre vetado antes por el PP. Los socialistas recuerdan, con razón, que hace ocho meses fueron los populares los que impidieron el consenso y dicen que no se puede resolver en días un 'problema que lleva enquistado muchos meses. Mal augurio para esta legislatura recién empezaada si el PSOE piensa ampararse a cada paso en la sinrazón de la que hizo gala no pocas veces el PP en la pasada. La renovación del Consejo está en manos de ambos partidos. Sus votos son indispensables para alcanzar la mayoría de tres quintos requerida. Por eso, en lugar de enzarzarse en acusaciones mutuas que nada aclaran, deberían explicar a los ciudadanos las razones exactas de su desacuerdo.

Parece que tales razones poco tienen que ver con el perfil constitucional exigible a los candidatos y que, por tanto, son difícilmente explicables. El proceso de selección de candidatos sigue siendo escasamente transparente. El sistema de cuotas, es decir, el reparto de vocales entre los distintos partidos, centra las negociaciones, aunque de forma menos burda que en el pasado. No es ilegítima, aunque sea muy poco responsable y en todo caso impúdica, la forma en que los partidos entienden su participación en este proceso electivo.

De otro lado, el papel desempeñado en esta ocasión por las asociaciones judiciales no deja de ser inquietante. La opción que los partidos les han dado de ofrecer candidatos de procedencia judicial se ha convertido en poco menos que una imposición. Alguna de ellas parece haber expresado su pretensión de que el partido del Gobierno sea poco menos que una simple correa de transmisión de sus designios e intereses. Pero con asociaciones judiciales o sin ellas, son las cúpulas partidarias las que deciden.

El Parlamento se limita a otorgar su beneplácito a unos candidatos cuya idoneidad desconoce, entre otras cosas porque la comisión correspondiente no tiene oportunidad de someter a escrutinio sus respectivos currículos. Un trámite de este tipo, al estilo de lo que hace el Senado norteamericano con los jueces del Supremo designados por el presidente, seguramente hubiera evitado el caso Estevill. El procedimiento actual no contribuye, desde luego, a prestigiar la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. Y quienes sueñan con un Consejo corporativo seguirán capitalizando la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios.