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Vista al frente

El artículo 30 de la vigente Constitución establece que: "Los españoles tiene el derecho y el deber de defender a España". El apartado segundo de ese mismo artículo añade que: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligartorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria". Bajo estos supuestos, el 14 de marzo de 1990 se constituyó- una Ponencia en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para "abordar el estudio y seguimiento de los temas relacionados con el modelo de Fuerzas Armadas en su conexión con el Servicio Militar", en consonancia con la propuesta formulada en, el debate de investidura de Felipe González como presidente del Gobierno en 1989. Interesa recordar que por indicación de los diversos grupos la Ponencia quedó compuesta por: Pedro Moya, Jordi Marsal y Federico Sanz, del Grupo Socialista; Javier Rupérez y Santiago López Valdivieso, del Grupo Popular; Salvador Carrera, de CiU; Antonio Romero, de Izquierda Unida; José Ramón Caso, del CDS; Iñaki Anasagasti, del PNV, y Antonio Moreno, del Grupo Mixto.En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 27 de junio de 199 1, es decir hace cinco años, se aprobó el texto del dictamen de la Ponencia por 206 votos a favor, 25 en contra y 9 abstenciones: todo un caso de consenso. Ese dictamen se apoyaba en el Avance del Anuario Estadístico de España 1990 en donde se aprecia que hasta 1996 las disponibilidades de jóvenes varones de 19 años permanecerán prácticamente constantes, mientras que a partir de este año y hasta el 2006 se producirá un descenso del 37%, del cual más de los dos tercios se registrará entre los años 2000 y 20015. En consecuencia con estos valores de la variable demográfica la Ponencia estimaba difícil alcanzar los niveles de fuerza de 170.000 a 190.000 efectivos previstos en el modelo de Fuerzas Armadas del año 2000 si no fuera a través de un sistema de recluta universal. El modelo propugnado a la altura de 1991 preconizaba una tasa de profesionalización del 50% de los efectivos totales, es decir unos 85.000 a 95.000. Se consideraba ilusorio pensar en unas Fuerzas Armadas nutridas en su categoría de tropa y marinería profesionales exclusivamente por voluntarios porque ello supondría que casi un tercio de los jóvenes en edad militar deberían, inflamados de ardor guerrero, acudir a alistarse como soldados o marineros profesionales y reunir las condiciones para ser aceptados.

El compromiso del presidente Aznar en su discurso de investidura del pasado 3 de mayo fue el de "iniciar la paulatina sustitución del modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional, que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio". Este horizonte dibujado para dentro de seis años rebasa de modo inesperado las previsiones del programa electoral del PP, que se limitaban a la reducción del servicio militar obligatorio a seis meses con una retribución del 50% de salario mínimo interprofesional y al incremento del número de soldados y marineros profesionales hasta los 70.000 desde los 30.000 actuales. Esta manera de proceder, sobrevenida por los acuerdos Rato-Molins, arrastrará de nuevo una composición de los Ejércitos desvinculada de las evaluaciones y de los análisis de las amenazas exteriores, algunas de las cuales sería suicida considerar cubiertas por la pertenencia a la OTAN. Así que, sin dar vista al frente, el anuncio del rompan filas puede desencadenar el desplome súbito del reclutamiento. En cuanto a los cuadros de mando, los denominados militares de carrera, deslumbrados por el arsenal barroco, se convirtieron hace tiempo en fervientes partidarios del voluntariado, de la profesionalización de los efectivos de tropa, obsesionados con que los nuevos sistemas de armas requieren manos cada vez más expertas. Las declamaciones sobre las virtudes del soldado español se han evaporado: sólo parecen quedar las armas y los deseados tecnólogos a su cargo. Continuará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 17 de junio de 1996.

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