Inmobiliaria Alcázar investiga la gestión de su anterior presidente

Juan Piguilliem Garcia, presidente y consejero delegado de Inmobiliaria Alcázar, fue destituido fulminantemente de sus cargos por el Consejo de Administración de la empresa, que cotiza en todas las bolsas españolas, "por creer que pudieran existir irregularidades en la gestión de, la compañía". Así reza, al menos, en el acta de la tumultuosa reunión del Consejo del pasado. 29 de mayo, que acabó a las cinco de la madrugada y que también decidió el cese inmediato del secretario y director general, Juan Llorens.

Piguillem comunicó que había dimitido por un supuesto problema de salud. Su gestión es ahora objeto de auditoría urgente, y hasta la junta que la inmobiliaria celebra hoy le ha sustituido en la presidencia Pedro Batle, director general de Sa Nostra Caja de Ahorros de Baleares. propietaria del 21,83% de Inmobiliaria Alcázar. La próxima junta debe decidir si aprueba las cuentas y la gestión de Piguillem al frente de la sociedad. Este catalán afincado en la ciudad de Valldemosa y presidente del club de fútbol Sóller, perdió la confianza del consejo de administración de Inmobiliaria Alcázar, entre cuyos accionistas figuran, junto con Sa Nostra, Unicaja (5%); Caja Cantabria (7,2%); CBC, filial de Lyonnaise des Eaux (11,83%); la familia Camp (16,1%),y Faes (6,8%). Un 8,1% que estaba en manos de Iberdrola fue vendido el pasado mes de marzo a Inversiones Montvalier, propiedad de Piguillem y Llorens.Piguillem, de 39 años, sigue en el consejo y controla las decisiones de otro paquete propiedad de Eastdrop Developments (5,15%). Alcázar comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que a finales de 1995 sus activos eran de 14.665 millones y sus beneficios tras impuestos de 178 millones.

Las irregularidades que investigan los auditores tienen que ver con la autoconcesión de facilidades financieras con las que Piguillem pudo adquirir títulos de la sociedad y con pagos que autorizó a Alster House por más de 100 millones de pesetas. Del mismo modo, se investigan préstamos no retribuidos a las compañías Walton y Dukes Development, domiciliadas en paraísos fiscales.