El ejecutivo añade otra causa de extradición para la entrega de Santi Potros

El dirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, cuya entrega a España ya ha sido aprobada por Francia, será extraditado en respuesta no a una, sino a dos solicitudes, si París responde favorablemente a la nueva demanda aprobada ayer por el Gobierno de José María Aznar. Esta segunda petición se basa en la acusación de asesinato frustrado. El dirigente etarra está encarcelado en Francia desde septiembre de 1987 y cumple condena en octubre. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Rodríguez, habló ayer de un "cambio de actitud" de Francia en materia antiterrorista.

El Gobierno de Felipe González, ante la perspectiva de que Santi Potros saliera en libertad tras cumplir condena, solicitó y obtuvo la extradición, con el único plazo de su salida de la cárcel. Arróspide fue detenido en Francia tres meses después de la matanza que ETA perpetró en Hipercor de Barcelona, en junio de 1987. La extradición se concedió por ese atentado y por la instigación al asesinato del general Rafael Garrido, en 1986. La policía lo considera jefe operativo de la banda terrorista en la etapa en que empezó a atentar con coches bomba.El portavoz del Gobierno proclamó ayer una nueva etapa en la colaboración antiterrorista entre Francia y España, y anunció que en los próximas días habrá más gestos del país vecino, que no concretó, pero apuntó en la dirección de nuevas extradiciones. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ya lo indicó la pasada semana, tras sus contactos con su homólogo francés, Jean Louis Debré.

Rodríguez recordó los contactos en la última semana entre las autoridades españolas y francesas pata explicar el aumento de la colaboración: el encuentro entre Aznar y el presidente francés, Jaeques Chirac, así como entre los titulares de Interior de ambos gobiernos. "La colaboración está empezando a dar frutos. Se ha producido un cambio de actitud", dijo Rodríguez.

El portavoz informó también de que el Consejo de Ministros no debatió el problema de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA y aseguró que todo el debate se centró en las medidas económicas. No obstante, recordó que el ministro de Defensa, Eduardo Serra, ya disponía de toda la documentación Jurídica sobre el caso.

Rodríguez se escudó en la legalidad como única respuesta al incumplimiento de los compromisos del PP en materia de nombramiento de altos cargos del Ejecutivo como miembros de consejos de administración de empresas públicas. El PP, en su etapa de oposición, prometió que, cuando llegara al Gobierno, sus altos cargos no formarían parte de los consejos de administración de empresas públicas. Por el contrario, en los últimos días se ha producido diversos nombramientos.

El Consejo de Ministros adoptó otras decisiones:

Reales decretos:

-Medidas urgentes de reactivación y liberalización de la economía [páginas 57-60].-Traspasadas 18 competencias, la Universidad y el Inserso entre ellas, a la Comunidad de Cantabria.

Nombramientos:

-Director General de Política Exterior para Iberoamérica, Ernesto Gutiérrez Saénz de Buruaga; embajador de España en el Consejo del Atlántico Norte, Francisco Javier Conde de Saro; director general de Comercio Exterior, Luis Carderera; director general del Instituto de Turismo de España, Carlos Horno; presidente del Instituto de Crédito Oficial, Fernando Bécker; presidente de Puertos del Estado, Fernando Osorio; subsecretario de Industria, Pedro Farreras; director de la Escuela de Organización Industrial, Félix Santamaría; director general del Secretariado del Gobierno, José María Jíménez.

Condecoraciones:

John H. Elliott, Gran Cruz de Isabel La Católica; Jonathan Brown, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; Geoffrey Parker, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.