"La acusación por venganza puede ser invalidada"

Eduardo Móner es un juez-juez, aplicador razonable de la ley, incapaz de sentirse dependiente del poder o de los poderosos y ajeno también a las habilidades y complicidades de los medios de comunicación. Todo lo contrario de un juez estrella, el magistrado que instruye en el Supremo el caso GAL -que ha convulsionado la política y la justicia española- se asombra de que el entrevistador llegue a su despacho acompañado de un fotógrafo. "Soy un hombre poco interesante", asegura Móner, un juez de provincias, nacido en Málaga y recriado en Valencia, que señala como su afición principal el ajedrez, desde sus tiempos de juez de Coria (Cáceres) y, de la mano de su padre, también juez, los toros, "más que el fútbol", se disculpa.No rectifica nunca a quienes mienten sobre él, pero, acostumbrado a ejercer su oficio con rigor, muestra una perplejidad un tanto ingenua ante el atrevimiento de columnistas o tertulianos que relatan relaciones que no se han producido, describen devociones que no practica o sacan consecuencias extrañas de su vieja amistad con Pascual Sala, a la que no piensa renunciar.

El instructor del caso GAL en el Supremo desea concluirlo antes del verano, sin citar a Felipe González "a no ser que surgieran nuevas pruebas". De momento, no está impresionado por la declaración del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. '

Pregunta. Las acusaciones movidas por la venganza, el odio o la enemistad personal o política, ¿son descartables como prueba?

Respuesta. Creo que sí, siempre que se acredite que es así.

P. ¿Aunque aporten indicios de la existencia de delito?

R. La ley de Enjuiciamiento Criminal no pone limitación a las pruebas que se pueden practicar. Pero luego está la función de valorarlas del tribunal, que podrá desproveer de toda credibilidad a tales pruebas y no tenerlas en cuenta si llega al convencimiento de que su único móvil es la venganza o el resentimiento. Pero el tribunal tendrá que motivar esa decisión.

P. ¿Está quedando el Supremo en un segundo plano en la investigación de los GAL?

R. Yo creo que no. El Supremo está actuando en el sumario que le corresponde y en el que tiene competencia para ello, pero no creo que esté quedando relegado.

P. ¿Qué opina de la propuesta de acumular todos los sumarios de los GAL en el Supremo?

R. No puedo opinar, porque es un asunto que tengo pendiente de resolver.

P. ¿El Supremo es un órgano adecuado para investigar?

R. No. Esto no es un juzgado de instrucción, porque carece de medios, infraestructura y personal adecuado. La función del Supremo es unificar la doctrina y resolver en última instancia las cuestiones penales, pero no investigar sumarios.

P. Estas dificultades ¿pueden influir en la no acumulación de los sumarios de los GAL en el Supremo?

R. No, porque la ley orgánica del Poder Judicial obliga a la Sala Segunda del Supremo a tramitar todas las causas contra aforados. Lo que ocurre es que antes llegaban ocho o 10 al año y ahora, con la judicialización de la política, hay una enormidad de causas especiales. Y el Supremo no está para eso. Yo sería partidario de que se encargara de la instrucción algún magistrado adscrito, o del gabinete técnico, y la sala se dedicara sólo a juzgar.

P. ¿Cómo ve el caso GAL?

R. Con cuidado.

P. ¿Cuándo cree que acabará?

R. El que yo instruyo, lo quiero acabar antes del verano. Creo que es posible, si no se produce alguna acumulación o alguna cosa rara. Ya se han practicado casi todas las diligencias.

P. El juez Baltasar Garzón calculaba que había caso GAL hasta el año 2015.

R. Si durara hasta entonces, desde luego a mí no me coge.

P. ¿Citará a declarar a Felipe González?

R. Yo ya he dicho que no. De momento he dicho que no, y como no sea que surgieran nuevas pruebas, yo sigo manteniendo que no, decisión que ha sido muy criticada.

P. ¿Qué dice a quienes creen que contra el terrorismo vale todo?

R. Que no es verdad, porque entonces el Estado se deslegitima. Un Estado de derecho no puede admitir cualquier tipo de fórmula para acabar con el terrorismo. Es contrario a la Constitución y a los derechos fundamentales.

P. ¿Comparte la crítica a la guerra sucia porque fue una chapuza?

R. Aunque no hubiera sido una chapuza, la guerra sucia siempre hay que condenarla.

P. ¿La responsabilidad pena¡ debe preceder a la política?

R. Creo que pueden ser independientes. Cada una puede seguir un camino.

P. Para un juez profesional como usted, ¿es igual inculpar a un político o un famoso que a un ciudadano desconocido?

R. Es igual. Y nuestra decisión es la misma. Lo que pasa es que no se puede uno liberar de la carga o trascendencia que lleve el político o el famoso.

P. ¿Cuál es la justificación de la existencia de aforados en una democracia?

R. Quizás, dada la responsabilidad del cargo que ostentan, la de que los juzgue un tribunal superior, no porque sepa más que el juez, sino para que existan las máximas garantías. Además, la Constitución lo establece y hay que acatarla. Creo que en casi todos los países es igual.

P. ¿Le cuesta mucho preservar su independencia?

R. No. Siempre he procurado preservarla y las pocas veces que tuve presiones, justamente antes, no les hice caso. Siempre he obrado como yo he creído que debía hacerlo.

P. ¿Qué siente cuando lee o escucha que le dictan lo que debe decidir?

R. Pues me río. [Se ríe a carcajadas]. Me río porque a veces digo que me allanan el camino Lo que ocurre es que a lo mejor ese camino es el que no sigo.

P. ¿Y cuando al día siguiente le elogian o le critican, según que haya seguido o no su dictado?

R. Me sigo riendo. Yo tengo mucho respeto por las críticas a las resoluciones judiciales, pero es que muchas veces periodistas u otras personas en las tertulias o columnas tienen bastante desconocimiento de lo que es la técnica judicial y emiten opiniones o juicios que jurídicamente no se pueden aceptar.

P. ¿Es igual de respirable el clima de la Sala Segunda desde que está aquí el caso GAL?

R. Creo que sí, que hemos asumido el caso GAL y, salvo alguna vez que haya surgido algo, la sala está igual que antes.

P. Hay quien dice que en el auto de procesamiento del caso GAL usted llegó muy lejos al considerar al ex ministro José Barrionuevo y otros procesados integrantes de banda armada, a diferencia de la sentencia del caso Amedo y Domínguez, que les exculpó del delito de terrorismo.

R. Yo lo que hice fue apuntar en el procesamiento ese delito, lo que no quiere decir que luego la sala absuelva o cambie el tipo delictivo a juzgar. Yo entendí que más que asociación ilícita, se trataba de una banda armada, pero la última palabra la tiene la sala.

P. ¿Le preocupa que el pleno de la Sala Segunda revoque alguna de sus resoluciones?

R. [Se ríe abiertamente]. No, ya estoy acostumbrado. Hombre, siempre le agrada más a uno que se la confirmen. Pero yo no me enfado, como le ocurre a algunos compañeros.

P. Tengo entendido que en su juventud le confundieron con un terrorista. ¿Cómo fue?

R. No, que me confundieron con un terrorista no. Lo que ocurrió fue que estando en una pensión, cuando Manuel Peris [magistrado, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial] y yo estudiábamos en la Escuela Judicial, como nos quedábamos hablando hasta muy tarde, leíamos mucho y nos dormíamos a las dos o las tres de la madrugada, un día la señora de la pensión nos dijo: "Oigan, ¿ustedes no serán terroristas?". A la señora debía darle la impresión de que estábamos conspirando.

P. Al fin y al cabo los dos pertenecieron a Justicia Democrática.

R. Eso fue después y siempre fuimos muy discretos y poco transparentes.

P. El nuevo Código Penal ¿beneficiará a los procesados en el caso GAL?

R. Habrá que ver exactamente por qué delitos les condena la sala, ¡si les llega a condenar, ¿eh?!

P. Esta semana se han reanudado en España los juicios con Jurado. ¿Cree que la justicia puede quedar en manos de ciudadanos legos en derecho?

R. Si la Constitución dice que el pueblo tiene que participar en la administración de justicia, yo lo acato.

P. ¿Qué soluciones existen para superar la judicialización de la política?

R. Deberían ser los políticos los que renunciaran a usar la justicia para dar solución a sus querellas o a sus controversias. Deberían discutir en el plano político y no trasvasar sus problemas al plano judicial.

P. ¿Y qué me dice de la politización de la justicia?

R. No existe. Hay magistrados que tienen unas ideas, pero hacen abstracción y juzgan con arreglo a lo que estiman justo.

P. ¿Por qué no pertenece a ninguna asociación judicial?

R. Pertenecí a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que, inicialmente, era la única que había. Pero llegó el momento en que pensé que la APM sobrepasaba lo que yo creía que debía ser una asociación de jueces, y me retiré de ella. Después me han tentado desde todas ellas.