El fiscal pide 32 años para Roldán por malversación, estafa y otros siete delitos

El fiscal envió ayer a la Audiencia Provincial de Madrid sus conclusiones provisionales sobre el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y los otros 13 procesados en el caso Roldán, de los que exculpa a seis comisionistas por prescribir el delito en aplicación del nuevo Código Penal. Pide para Roldán 32 años de cárcel, 29 años de inhabilitación y más de 3.500 millones de multa por nueve delitos -malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, falsedad y cinco contra la Hacienda pública- cometidos "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente" durante su mandato. A Hacienda debe devolverle, según el fiscal, 975,8 millones.

El escrito de conclusiones provisionales, de 78 folios, propone una serie de pruebas; entre ellas, el testimonio de 71 personas, incluidos los ex ministros del Interior José Luis Corcuera y Antoni Asunción. Solicita a la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid que señale la fecha para el inicio de las sesiones del juicio oral "a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del día 28 de febrero de 1997, fecha en que vence el plazo máximo ordinario de prisión preventiva" de Roldán.Los fiscales Alejandro Luzón y Daniel Campos describen las conductas delictivas de Roldán desde su cargo al frente de la Guardia Civil, entre el 4 de noviembre de 1986 y el 7 de diciembre de 1993. "Con la finalidad de enriquecerse ilícitamente durante el ejercicio de su mandato, Luis Roldán Ibáñez se apropió de fondos públicos destinados a gastos reservados de los que disponía por razón de su cargo", explica el Ministerio Fiscal.

Y agrega: "Con el mismo objeto, exigió y obtuvo de las empresas constructoras que pretendían resultar adjudicatarias de obras de la Guardia Civil, el pago, de importantes sumas de dinero a cambio de obtener su concesión, desnaturalizando así el procedimiento de selección de ofertas en beneficio de los contratistas que accedían al pago de la dádiva. Del mismo modo, requirió de otras empresas constructoras el pago de cantidades para la prestación de unos supuestos servicios de seguridad".

Mecánica para la apropiación

Antes de detallar de forma exhaustiva cada uno de los delitos de los que se acusa a Roldán, el documento de la fiscalía relata la mecánica utilizada "para incorporar a su patrimonio los fondos públicos apropiados y las dádivas procedentes de los contratistas, así como las cantidades percibidas a cambio de inexistentes servicios de seguridad". Describe "la eficaz colaboración" de Javier Esparza, "quien se encargó de gestionar materialmente los cheques en que se instrumentaban los fondos reservados y los pagos de las constructoras".El fiscal sigue la investigación realizada por la juez Ana Ferrer y narra cómo, una vez recibidos los cheques por Esparza, "eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un continuo fraccionamiento en su importe, mezclándose en cada operación con otros, tras lo cual eran ingresados en las distintas cuentas de Luis Roldán Ibáñez, o en adquisiciones inmobiliarias o consumo privado".

Tales operaciones las desarrolló Esparza en diferentes sucursales del BBV, de las que fue sucesivamente director Juan Jorge Prieto, y en las que "se presentaban a compensación los cheques, emitiéndose los que les sustituían". Para conseguir ocultar su origen, Prieto "hacía figurar en ocasiones en el dorso de los mismos y en las solicitudes de cheques que al efecto se confeccionaban, datos relativos a personas inexistentes o que eran ajenas a las operaciones bancarias".

Otro mecanismo que Roldán y Esparza "idearon", según el fiscal, fue la constitución de la compañía Europe Capital, de la que el segundo fue administrador único hasta el 27 de octubre de 1993. Y "en pago de la colaboración descrita, Jorge Esparza hizo suyas cantidades procedentes de los referidos orígenes, bien en nombre propio o en el de sus familiares".

En cuanto a la apropiación de fondos reservados, el fiscal recuerda que el 31 de octubre de 1986 existía en la Dirección General de la Guardia Civil un remanente de 106,6 millones y que, durante el mandato de Roldán, tenía "presupuestariamente asignados" 58,3 millones anuales para gastos reservados. Roldán se apropió "de parte de estos fóndos", así como de "partidas procedentes de las cantidades que le eran entregadas por la Secretaría de Estado de Interior para gastos reservados". El escrito detalla el itinerario seguido por más de 30 cheques de importes comprendidos entre 17 y cinco millones.

Cobros por defender de ETA

Relata también el documento de la fiscalía cómo Roldán, "amparado en la confianza que su cargo de director general de la Guardia Civil genera en el ámbito de la lucha antiterrorista", contactó con el presidente de Construcciones Laín S. A., y el consejero delegado de la Sociedad General de Obras y Construcciones S. A., empresas que habían recibido amenazas de ETA por su participación en la construcción de la autovía de Leizarán, de Irurtzun (Navarra) a Andoain (Guipuzcoa). Para protegerles mediante una vigilancia especial, logró que le entregaran 32,1 y 61,1 millones respectivamente, que Roldán "hizo suyas ( ... ), sin prestar servicio alguno".Otra modalidad delictiva fue "la adjudicación directa por razones de seguridad y de urgencia" de obras para acuartelamientos de la Guardia Civil, lo cual facilitaba concertarse con las empresas dispuestas a pagar comisiones. Por cierto, la prescripción de los delitos en que incurrieron algunos de estos empresarios, por aplicación del nuevo Código Penal, ha permitido al fiscal pedir que se declare la extinción de la responsabilidad criminal de los procesados Mario Caprile, lldefonso Aguilar y Manuel Carbajosa, directivos de la constructora Huarte; Antonio y Manuel Mesa Bussareu, directivos de la empresa constructora Cubiertas y MZOV, y Carlos Zuazo, presidente de la constructora Sierra Comendador.

Los delitos por los que acusa el Ministerio Fiscal a Roldán, y las penas que pide para él por los mismos son los siguientes: por malversación de caudales públicos, ocho años de prisión y 20 de inhabilitación; por estafa, seis años de cárcel; por cohecho, cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y 1.600 millones de multa; por falsedad, tres años de cárcel y multa de 12 meses (que, según el sistema de multas del nuevo Código Penal, significa un importe de entre 72.000 pesetas y 18 millones).

Delitos fiscales

Por los cinco delitos contra la Hacienda Pública, correspondientes a los ejercicios del impuesto de la renta de 1988 a 1992, ambos inclusive, las penas de cárcel oscilan entre dos y tres años y las multas entre 700 y 100 millones. El total por los cinco delitos es de 11 años de cárcel y 19 millones de multa. Además de estas penas, el fiscal pide que Roldán indemnice a la Hacienda Pública con 975,8 millones y a la Sociedad General de Obras y Construcciones -una de las engañadas por la supuesta protección respecto a ETA- con los 61,1 millones que le entregó.El fiscal pide que se mantenga la situación de prisión preventiva para Roldán hasta el juicio.