El director de la Guardia Civil anuncia que propondrá el cese de Galindo como asesor

El director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, anunció ayer en París ue propondrá al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, el cese en sus funciones y pérdida del destino del general Enrique Rodríguez Galindo como asesor suyo. López Valdivielso hizo esta declaración tras conocer la decisión del juez Javier Gómez de Liaño de decretar la prisión incondicional e incomunicada del antiguo jefe del cuartel de Intxaurrondo por su presunta implicación en el secuestro, tortura y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983.

El director de la Guardia Civil, que estaba ayer en París participando en una reunión con los máximos responsables de la Gendarmería francesa, la Guardia Nacional portuguesa y los Carabineros italianos, expresó su acatamiento a la decisión judicial y se mostró convencido de que el encarcelamiento del general "no afectará a la moral" del cuerpo, "ni supondrá un retroceso en la lucha antiterrorista", informa Efe.López Valdivielso anunció que propondrá al ministro Mayor Oreja el "cese de funciones y la pérdida de destino" de Rodríguez Galindo, "pero será el ministro quien decida", puntualizó. "Lo que queremos es que todo esto se aclare, que la Justicia se pronuncie y pasar página", dijo.

El nuevo jefe de la Guardia Civil, que sólo lleva lleva dos semanas en el cargo, optó por mantener al general Rodríguez Galindo en el puesto en que lo puso su antecesor, Ferran Cardenal, a la espera de que se aclarasen las imputaciones que pesaban sobre él en la guerra sucia contra ETA y mientras reparaba la reorganización de la dirección general.

Sin embargo, la decisión del juez Gómez de Liaño ha precipitado los acontecimientos y López Valdivielso anunció ayer mismo su inminente cese. Según la ley del Personal Militar de 1989, completada con la ley del Personal de la Guardia Civil de 1994, el cese en los destinos de libre designación, como el de asesor, es potestativo del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Si no se acompaña de otra medida, la pérdida de destino supone el pase a la situación de disponible, en la que se conserva el 100% de las retribución durante los seis primeros meses.

Sin embargo, la suspensión de funciones, a la que también aludió López Valdivielso, es competencia del ministro de Defensa, Eduardo Serra, y supone para el afectado la pérdida del 75% de sus retribuciones. Ninguna de las dos medidas es de aplicación automática.

El ministro puede adoptarlas o no, según el artículo 102 de la primera de las citadas leyes, "valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen de las Fuerzas Armadas [en este caso la Guardia Civil] o la alarma social producida".

De hecho, el anterior responsable de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, sólo suspendió de funciones al coronel Juan Alberto Perote en enero de este año, cuando llevaba seis meses en prisión por sustraer documentos secretos del Cesid.

La única reacción del Gobierno fue una nota oficial del Ministerio del Interior, a través de la cual Jaime Mayor Oreja manifestaba que, "cuando a un general de la Guardia Civil o a un alto mando policial se le decreta su prisión incondicional, la primera reacción del ministro del Interior y del Gobierno es la expresión de un sentimiento de tristeza, de dolor y de preocupación".

La nota agregaba que, como no podía ser de otra manera, [el ministro] acata y respeta la decisión de la Justicia, tomada en base a unos hechos acaecidos hace más de diez años". Respecto a la siutación del general, se limitaba a señalar que "lo fundamental está definido por el auto dictado por el órgano judicial competente y, en lo que se refiere a sus funciones dentro del Ministerio del Interior, se adoptarán las medidas cautelares necesarias de acuerdo con la ley".

Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, pospuso ayer la adopción de medidas administrativas contra Galindo por parte del Ministerio del Interior al momento en que se produzca una sentencia condenatoria, informa Europa Press.