De Justicia a Interior

LA FUSIÓN de los ministerios de Interior y Justicia fue durante años una idea cultivada en los predios de la derecha y combatida en los de la izquierda. Pero fue un Gobierno socialista, en mayo de 1994, el que la llevó a la práctica y es ahora un Gobierno conservador el que reniega de ella. El ciudadano comprende que en ocasiones los partidos políticos se vean abocados a hacer desde el Gobierno cosas distintas a las defendidas desde la oposición; y viceversa. Pero este tipo de mudanzas merecen al menos una explicación.El Gobierno socialista no la dio en 1994 cuando, en contra de sus postulados, fusionó por primera vez en la historia española los departamentos de Justicia e Interior. Y el Gobierno de Aznar tampoco la ha dado ahora al separarlos de nuevo en contra de lo reclamado desde hace años, primeramente, por Alianza Popular y, después, por el refundado Partido Popular, aunque en el programa electoral que le ha llevado al poder abogara de nuevo por el "restablecimiento del Ministerio de Justicia". Fusionar o separar dos departamentos de solera histórica como Justicia e Interior, que ocupan zonas político-institucionales básicas y diferenciadas en el funcionamiento del Estado de derecho, exige razones más elocuentes que el silencio o que una genérica invocación a las "necesidades políticas del momento" como la hecha en su día por los socialistas.

En todo caso, el departamento de Justicia al que el Gobierno Aznar ha vuelto a dar autonomía no es el de siempre. Ha sido amputado de un componente esencial: la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y lo ha sido mediante un simple real decreto, parco en explicaciones, que puede plantear problemas de legalidad, al entrar en contradicción con una norma de rango orgánico como la Ley General Penitenciaria de 1979. Por más chocante que parezca, el ámbito de ejecución de las penas, sometido por mandato constitucional al control judicial, se le sustrae al departamento, el de Justicia, que en los sistemas democráticos suele ser el valedor de las garantías jurídicas y el nexo de unión del Ejecutivo con el mundo judicial.

Se comprende la inquietud que esa decisión ha provocado entre los funcionarios de prisiones. Si, como parece, la decisión está motivada por la necesidad de controlar desde Interior la política penitenciaria respecto de los presos de ETA, la razón es insuficiente. La política penitenciaria del Estado no puede estar supeditada a la lucha antiterrorista ni el tratamiento sin duda singularizado de 500 reclusos terroristas puede hipotecar el de los más de 40.000 presos que no lo son, como ha recordado el consejero de Justicia del Gobierno vasco. La lucha contra el terrorismo exige, incluso en el ámbito penitenciario, una especial colaboración entre Interior y Justicia. Basta ver el manejo que ETA pretende hacer con sus presos. Pero esa colaboración, entre: Justicia e Interiores perfectamente posible, como se demostró aquí, por ejemplo, en el periodo en que los ministros respectivos fueron Múgica y Corcuera.

Suprimir o restablecer el Ministerio de Justicia son propuestas en sí mismas defendibles. Y la prueba es que el Partido Popular abogó en un momento por la primera en aras del principio de limitación del gasto público, y luego por la segunda. Pero es menos defendible restablecer un departamento de Justicia precisamente cuando se le amputa una de sus competencias más características: la política penitenciaria.