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Tribuna
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Poder y responsabilidad

El "sé" de la opinión afirma que ya hay pactos. Alegrémonos y dejemos para otra ocasión analizar los avatares de su gestación y las lecciones que de ellos debería extraer, para futuras ocasiones, la todavía joven democracia española. Baste por hoy subrayar cómo se distribuye en ellos el, poder y la responsabilidad.No se trata de una coalición de Gobierno, ni siquiera de un pacto de legislatura, sino tan sólo de un pacto de investidura parlamentaria del presidente del Gobierno al que, ineludiblemente, deberán acompañar unos compromisos recíprocos a desarrollar en el futuro inmediato y, aún menos inmediato. En consecuencia, nos encontramos ante un pacto de tracto sucesivo en el que, si es importante el paso inicial merced al cual se forma un Gobierno, no lo son menores los que más adelante habrán de darse y en cuya virtud se gobernará de una u otra manera. Del primero depende quién ha de gobernar; de lo segundo, cómo habrá de gobernarse. Y aunque nuestra sociedad, mediática y mediatizada, ha invertido toda su energía y atención en lo primero, lo segundo es aún más relevante, sin que nada permita concluir que de lo uno, el quién, se derive necesariamente y unívocamente lo otro: el qué y el cómo.

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Pero, si los negociadores culminan con. bien lo primero y por ello habrá que felicitarles sinceramente, podemos confiar en que conseguirán lo segundo, tanto más fácilmente y mejor cuanto más explícitos sean los compromisos adquiridos.

Ésta sería la verdadera función del próximo debate de investidura, si va más allá de la superposición de monólogos, cargados de improperios ayer y hoy, tal vez, de buenas intenciones. Si el Estado de Partidos ha supuesto en nuestro país una mutación radical del sentido de nuestra Constitución, atribuyendo a las diversas fuerzas políticas fracciones de soberanía, para que la institución parlamentaria no se quede sin contenido y la ciudadanía en ayunas poco democráticas, es preciso que en el debate de investidura se explicite el qué y el cómo, el cuánto y el cuándo, de lo que el nuevo Gobierno va a hacer. La sociedad entera podría dar su apoyo, incluso crítico, a lo que del debate y la investidura surja y, de otro lado, quienes la hacen posible recibirían, así, plena justificación.

En efecto, en cuanto a lo primero, el apoyo comienza por la exigencia de explicitación y claridad, continúa por el imperativo de lealtad a lo pactado y puede comprender desde la colaboración expresa a la oposición leal, pasando por el aporte de ideas, y ejercerse tanto desde las instituciones como desde los medios.

Un apoyo no cuantificable, difuso, apenas perceptible, pero imprescindible como el aire que se respira. Hacerlo posible es responsabilidad de quien ejerce el poder; darlo, de todos, y nadie que quiera influir en el poderoso debe renunciar a hablar ante él.

Respecto de lo segundo, se ha señalado con razón que quienes hacen posible la investidura presidencial sin participar en el Gobierno ni pactar la legislatura, asumen gran poder sin la consiguiente responsabilidad. CiU tendrá, en efecto, las llaves de muchas políticas presupuestarias, legislativas y administrativas, y los elementos de presión que eso lleva consigo, sin responsabilidad política alguna por lo que el Gobierno haga o deje de hacer. Pero no es menos cierto que quienes concurrieran a la investidura sin participar y ni siquiera pactar el Gobierno asumirían un alto grado de responsabilidad, no política pero sí histórica, sin el correspondiente poder. Porque, una vez investido, el Gobierno se encuentra constitucionalmente acorazado frente a las mayorías meramente negativas, únicas, hoy por hoy posibles, y la experiencia reciente ha demostrado que el Gobierno puede prescindir de la aprobación formal del presupuesto y de la mayoría para legislar.

Así, quien tiene las llaves de las políticas gubernamentales no las tiene de la estabilidad del Gobierno y, en culturas políticas como la española, ésta puede determinar aquéllas.

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