Manzanares 'defiende' a las Cortes de las "prisas" de Sala

José Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al frente de otros cuatro vocales conservadores, dirigió ayer a los presidentes del Congreso y del Senado sendos escritos alternativos a los del presidente, Pascual Sala, en los que, además de discutir la representatividad de éste, defiende a las Cortes de los riesgos de "precipitación" en acometer la renovación del Consejo.Manzanares, Andrés de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Antonio Robles Acera (los cuatro propuestos por el PP) y Wenceslao Díez Argal (por el PNV) dudan que Sala transmita "con acierto" la voluntad del Consejo. En desacuerdo con las acusaciones de Sala de "falta de lealtad" y otras apreciaciones sobre la crisis del CGPJ, los cinco consejeros niegan a este órgano la función de "dirigir reproches o censuras a las Cámaras, a causa del retraso en la renovación".

Las viejas críticas a los otros poderes se tornan ahora en comprensión ("debíamos suponer que esa demora obedecía a dificultades que ni podíamos conocer plenamente ni nos correspondía valorar", dicen) y los cinco juristas abren los brazos a las Cortes surgidas del 3-M, a las que protegen de cualquier "reproche" sobre la renovación del CGPJ, "con la convicción de que el trabajo sereno del Congreso y del Senado, es, en estos momentos, de primordial interés para todo el Estado".

Nada ya de dar preeminencia al poder judicial. Los cinco juristas ahora quieren colaborar: "En nuestro ánimo ha estado y sigue estando no añadir dificultad o tensión o urgencia a cuantas tareas, algunas muy apremiantes, han de afrontar en estos días los grupos parlamentarios y los diputados y senadores". En esa situación, la renovación del CGPJ "ha de hacerse sin tardanza, pero sin precipitación alguna", aconsejan. ¿Para qué tanta prisa?

Y en línea con este sereno documento, la dirección de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, se reunió ayer con urgencia. Calificó de grave la situación y advirtió que "se impide el funcionamiento del órgano constitucional de gobierno de los jueces". La APM, defensora a ultranza de la función judicial, califica la decisión de Sala de "desafío a la soberanía popular representada por las cámaras legislativas, a las que se quiere forzar a una decisión apresurada e improcedente de renovación del CGPY. Lo dicho. De prisas, nada. Y, de nuevo, acusan a los renunciantes de "impedir que el CGPJ cubra las vacantes existentes en la Sala Segunda del Supremo".