Las empresas encuestadoras piden que se puedan publicar sondeos durante toda la campaña electoral

A más sondeos, más información para los ciudadanos y, por tanto, mayor libertad para ejercer el voto. Esa exigencia, a juicio de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (Aedemo), choca con las restricciones legales sobre los plazos de publicación de sondeos de intención de voto. Esta es la conclusión más importante del organismo que agrupa a las principales empresas españolas dedicadas a la realización de encuestas y estudios de mercado, y que presentó ayer en Madrid un memorándum de cara a la próxima cita electoral del 3 de marzo.El presidente de Aedemo, Manuel Clavero, aseguró que la vigente Ley Electoral "está prohibiendo que la gente esté bien informada", y criticó que determinadas normas que intentan proteger a los ciudadanos de presuntas manipulaciones atribuibles a los sondeos de opinión puedan acabar por ser "un insulto a la inteligencia de los ciudadanos adultos".

Otro de los miembros de Aedemo, José Ignacio Wert, presidente de Demoscopia, lamentó que la Junta Electoral sólo actúe para vigilar el cumplimiento del veto a la difusión de las encuestas en los cinco días anteriores a la cita electoral, mientras que se permite el incumplimiento sistemático del resto de las garantías que exige la ley para evitar el fraude.

El CIS y 'Abc'

Al acto de Aedemo no acudió, pese a estar prevista su asistencia, el presidente del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), Joaquín Arango, que se ha visto envuelto en una reciente polémica tras la publicación por el diario Abc de una macroencuesta de intención de voto supuestamente realizada por el CIS. Dicho organismo emitió ayer un comunicado en el que niega haber realizado el mencionado estudio, y asegura que los datos publicados por Abc no son sino el "producto de una invención masiva".El comunicado añade que la información publicada constituye una "vulneración flagrante de la Ley Electoral" y que el CIS ha puesto los hechos en conocimiento de la Junta Electoral Central para que "se adopten las medidas que procedan".