Al día siguiente

Abierta ya de hecho la campaña electoral, los eslóganes de los partidos políticos, las soflamas para enardecer a las huestes propias y convencer a los indecisos, los ataques y descalificaciones con los que los adversarios en liza intentan ganar puntos frente al contrincante y, a ser posible, desacreditarlo ante el sufrido ciudadano-elector ocupan, casi totalmente, el espacio de la reflexión política.La opinión generalizada, y las encuestas, apuntan a que después del 4 de marzo, cumplidos los trámites constitucionales, habrá en España un nuevo Gobierno y que el partido hoy gobernante pasará a la oposición. Cualquiera que sean las ideas o simpatías de cada uno, ésta es la esencia del sistema democrático: que los gobernantes, cada cierto tiempo, sometan su permanencia en el poder a la libre decisión de sus conciudadanos. Así es, así debe ser.

Pero lo realmente importante, gane quien gane las elecciones, para todos los ciudadanos es lo que va a pasar, lo que va a hacer el Gobierno de la nación, de esta España plural en sus lenguas y nacionalidades, para encauzar, resolver o paliar los problemas que tenemos planteados.

El paro, posiblemente el más importante y el sentido como más grave, es de tal envergadura que va a requerir no sólo una acertada política económica y laboral, sino también el máximo consenso posible entre los agentes sociales y económicos. Y no basta; el consenso tiene que darse también entre el partido en el poder y la oposición porque los ciudadanos todos, y sobre todo los que más sufren las devastadoras consecuencias de la falta de trabajo, tienen que participar en esa conciencia común convertida en medidas, en tareas, en sacrificios compartidos.

Y está el problema del terrorismo etarra y de la radicalización violenta del aberzalismo vasco. Es cierto que la ley ha de aplicarse, con espíritu de justicia y sin ira, a todos por igual y que, por tanto, la acción policial es precisa para poner a disposición de los tribunales a los que delinquen. Pero el problema aberzale, como el problema nacionalista, es un problema político que va a necesitar por parte de todos, gobernantes y gobernados, partidos en el poder y en la oposición, toda la prudencia, habilidad y coraje de la que seamos capaces, y aún más. Y también frente a este trágico y tremendo problema hay que aunar voluntades y criterios, y el compromiso y el consenso vuelven a ser piezas básicas de cualquier acción política para que algún día haya paz en Euskadi.

Y al día siguiente de las elecciones, igual que el día antes, tenemos el problema político y económico, de nuestra cita con la moneda única, que nos guste o no es una cita con nosotros mismos. ¿Somos los españoles capaces de dar el paso definitivo para convertirnos en uno de los cinco o seis países de cabecera de la Europa occidental de la Europa unida? Los observadores extranjeros creen que podemos serlo, y yo lo creo también. Pero aquí también es preciso que el enorme esfuerzo a realizar, posiblemente los sacrificios en un presente inmediato, cuenten con el consenso libre y decidido de una mayoría de ciudadanos. Si importante es el papel y la responsabilidad del Gobierno, que ha de trazar y llevar a cabo la política económica, presupuestaria y fiscal adecuada, tanto o más es importante su capacidad política para convencer, para aunar voluntades.

Y nos queda aún para que esta democracia nuestra funcione mejor, para corregir los defectos que han hecho posible, en estos últimos tiempos crispados en exceso, que en algunas ocasiones se distorsionara el funcionamiento de instituciones básicas o se empañara a los ojos de los ciudadanos el prestigio del que deben gozar.

Está pendiente la reforma del Senado, y me parece que la opinión pública, con ella la mía, está desorientada sobre cuál debe ser el papel político que esta Cámara debe desempeñar. Creo que la imagen del Senado, en su funcionamiento actual, aparece borrosa y desdibujada ante la opinión pública. Sin embargo, el procedimiento electoral para elegir a los senadores merece que esta institución tenga la importancia y peso en la vida política española que puede tener, que debe tener, si se definen sus cometidos y competencias con acierto. En esta tarea todos los partidos políticos, todas las autonomías tienen, forzosamente, que participar.

Se habla de reforzar la autoridad y la independencia del Consejo General del Poder Judicial, y es una tarea permanente la mejora de medios y del funcionamiento de los tribunales de justicia. No cabe duda que en estos últimos tiempos procesos de personajes famosos y el caso de los GAL ha puesto en el primer plano de los medios de información y de la opinión pública a jueces y magistrados, y no siempre para bien considerando la independencia y dignidad que debe siempre rodear su esencial función en un Estado de derecho. El Gobierno que gane las próximas elecciones tiene en este punto, que quizá deba comprender nuevas reformas de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una tarea siempre de primera importancia para un Estado democrático y constitucional.

Y si un régimen democrático ha de ser, en sus estructuras de poder, cada vez más transparente para los ciudadanos, también ha de exigirse esa transparencia en las estructuras societarias y titularidad accionarial del que hoy es, o son, puesto que son varios, uno de los poderes más importantes en el ámbito de las, democracias modernas; me refiero, claro está, a los medios de información, los llamados "medios de comunicación de masas". Precisamente porque la libertad de información activa y pasiva, a la que los padres de la revolución americana llamaron "libertad de prensa", desde el siglo XVIII hasta nuestros días, se ha considerado el derecho fundamental sobre el que descansa el sistema político democrático, la transparencia más exigente sobre la propiedad de tales medios y de la independencia de los profesionales que en ellos trabajan es una exigencia ineludible y siempre perfeccionable.

Estos problemas, básicos a mi juicio, son las cuestiones esenciales del día siguiente, de las semanas y meses siguientes al 3 de marzo. Y para abordarlas con éxito, la capacidad de diálogo, de compromiso, de construir consensos es esencial. Me parece que ha quedado claro, por propias y ajenas experiencias, que ni un Gobierno que tuviera mayoría absoluta podría, por su sola auctoritas, imponer determinadas políticas. Así pues, después de las necesarias y dialécticas confrontaciones del periodo electoral, en el que de hecho ya hemos entrado, este país necesita, al día siguiente, crear cauces de diálogo y entendimiento, reconstruir los puentes destruidos o dañados, y todos, gobernantes y ciudadanos, partidos políticos y fuerzas económicas y sociales, todos están y estamos obligados, por el bien de todos, a intentar conseguirlo.

Alberto Oliart es abogado.