Serra acusa a Aznar de apoyarse en falsedades para derribar al Gobierno socialista

El ex vicepresidente del. Gobierno Narcis Serra afirmó ayer que la decisión judicial de. archivar el caso del espionaje telefónico realizado por el Cesid ha demostrado que el Ejecutivo no mintió al Congreso y actuó siempre dentro de la legalidad. Y ha demostrado también, añadió, que el líder del Partido Popular (PP), José María Aznar, "se puso del lado de quienes han intentado derribar al Gobierno utilizando la compra de dossieres y la creación de información falsa". Serra considera que Aznar ha seguido la estrategia "de personajes que están ante la justicia" y Ios dictados de tertulianos y de medios de comunicación" que desean ponerle al frente del Gobierno para que siga sus indicaciones, como hizo en este asunto.

El ex vicepresidente consideró que ayer era el día indicado para sacarse algunas espinas que la oposición le clavó a propósito de las escuchas telefónicas del Cesid, el asunto que le obligó a dimitir en junio de 1995. A lo largo del día compareció ante diversos medios de comunicación para decir y repetir: "Los hechos me han dado la razón, no existía caso Cesid". Lo que sí existió, proclamó, fue "el caso de una persona, del coronel Perote" de quien una y otra vez afirmó que actuó "de forma desleal y traidora". La juez dice, recordó Serra, que los delitos posibles son haber sustraído los documentos, haber traficado con ellos, haberlos dado a la publicación. Aquí están los delitos"."El PP, sabiendo que estábamos ante una conducta delictiva por parte de uno de los miembros del Cesid, quiso convertirlo en una acusación al Cesid como institución porque la necesitaba para acosar al Gobierno", dijo Serra. Eso no hubiera ocurrido en ningún país con tradición democrática, destacó. Ningún partido democrático se habría puesto, en un caso así, "a favor de la sustracción, tráfico y publicación de estos documentos, en vez de ponerse a favor del Gobierno".

"Eso fue lo que hizo el PP", aseguró, y lo que ahora obliga a sus dirigentes, en particular a Aznar y su secretario general, Francisco Álvarez Cascos, a una "rectificación y reparación". A él y al teniente general Emilio Alonso Manglano, ex director del Cesid, que también tuvo que dimitir. Manglano declaró ayer a TVE que la decisión de la juez Ana Mercedes del Molino "dignifica el trabajo realizado por el Cesid". García Vargas criticó a los "energúmenos políticos" que pusieron en cuestión asuntos esenciales del funcionamiento del Estado.

De Jordi Pujol, que se basó en este caso para romper su alianza con el Gobierno del PSOE, dijo Serra que "le costará rectificar". Según el ex vicepresidente, Pujol se "apuntó a una mentira" para justificar la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE.

Serra recordó que es la segunda vez que una decisión judicial le exonera de responsabilidades penales en un caso utilizado contra él por la oposición. La primera fue el caso Crillón, en el que Mario Conde, ex presidente de Banesto, le acusaba también de espionaje. El ex vicepresidente se basó en estas dos resoluciones para justificar toda su actuación política en los últimos años. Esa actuación se ha orientado, afirmó, "a impedir que ciudadanos que tienen grandes recursos económicos y que están en dificultades con la Justicia, puedan, mediante el uso del dinero, modificar lo que ha decidido el voto de los ciudadanos".

Ninguno de los rivales de Serra en las próximas elecciones aceptó ayer el punto de vista del ex vicepresidente. Joaquim, Molins, de CiU, afirmó en Madrid que Serra y el ministro García Vargas "tuvieron que dimitir por incompetentes, y eso no lo contempla el Código Penal", ínforma Carles Pastor.

Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, sostuvo que el archivo del caso "no supone una exculpación de Serra" porque, pese a que no hubo delito, sí hubo, en su opinión, incompetencia y negligencia".

El candidato del PP por Barcelona, Josep Maria Trias de Bes, dijo que la petición de disculpas es una operación de desvergüenza" y sentenció que el ex vicepresidente es "responsable político de este caso, corresponsable del nombramiento de Luis Roldán y, en definitiva, de corrupción".

Angel Colom, líder de ERC, dijo que su partido censura que Serra vuelva a ser cabeza de lista por las escuchas y el espionaje, sino por "su complicidad" en diversos escándalos.