ETA, contra la dispersión

FERNANDO REINARESLos militantes encarcelados y condenados a largos años de reclusión constituyen el mejor recurso del que disponen las organizaciones terroristas para movilizar apoyos sociales basados no tanto en subculturas con claras coincidencias políticas previas como en redes comunitarias tejidas sobre relaciones afectivas de amistad o parentesco. De aquí que mantener la cohesión interna y la sumisión incondicional de los terroristas presos resulte vital para la persistencia del entorno social del cual depende sobremanera la propia supervivencia de cualquier grupo armado clandestino. Ello, junto al fuerte desasosiego inicial que ocasiona a los militantes verse privados de la partida a que pertenecen y obligados así a afrontar su propia individualidad, explica en buena medida que los presos de una organización terrorista tiendan, si nada se lo impide, a agruparse constituyendo colectivos diferenciados y parcialmente autónomos en el interior de los centros penitenciarios. A menudo, la propia estrategia del terrorismo se recrea y racionaliza intramuros de las prisiones. Pero también es en ellas donde el compromiso totalizante que comporta la militancia puede entrar en crisis. Por eso, las organizaciones terroristas suelen tutelar a sus presos estableciendo una jerarquía interna entre éstos y mediatizando su comunicación con el exterior a través de grupos afines dedicados a la atención de los militantes encarcelados. Grupos que, como cabe suponer, transmiten una visión distorsionada de la realidad, acompañada de consignas dictadas por los propios dirigentes terroristas desde la clandestinidad.Esta mediación y la cerrazón del colectivo de presos sobre sí mismo desempeñan un papel fundamental, por ejemplo, a la hora de reducir la ansiedad que a cualquier activista encarcelado le suscitaría llegar a la conclusión de que la realidad contradice sus convicciones individuales, evitando que esta discrepancia trate de ser resuelta mediante el abandono de la militancia. De aquí que, cuando eventuales medidas penitenciarias establecidas por las autoridades en el marco de su política antiterrorista impiden la concentración de los presos vinculados a una misma organización armada clandestina, las reacciones tiendan a resultar extremas. Normalmente, se parte por denunciar la desagregación de los presos como una vulneración de los derechos de la población reclusa, subrayando las dificultades que ello genera para mantener el contacto con los familiares. Si esta campaña no da resultado, los dirigentes de la formación clandestina suelen ordenar a sus presos que protesten contra la normativa penitenciaria mediante huelgas de hambre. Finalmente, los terroristas combinan ambas medidas de presión con la realización de atentados contra responsables de asuntos penitenciarios y funcionarios de prisiones. Además de tomar en consideración la actual coyuntura electoral y el todavía debilitado consenso político antiterrorista, éste es el marco en el que interpretar el. reciente y dramático secuestro de José Antonio Ortega, coordinador de servicios de la cárcel de Logroño, por parte de ETA.

Las consecuencias que una política destinada a la desagrupación de los presos tiene sobre la cohesión interna del colectivode reclusos y, por añadidura, sobre el conjunto de la organización terrorista, quedan de manifiesto al observar el efecto que la dispersión llevada a cabo desde 1989 ha tenido sobre la militancia encarcelada de ETA(m). Hasta entonces, el número de etarras en reclusión, algo más de 450, se hallaba con centrado en las penitenciarías de Herrera de la Mancha y Alcalá Meco. Con posterioridad, los presos de la formación terrorista han sido dispersados en numerosos centros penitenciarios a lo largo del territorio español. Las ofertas de reinserción social realizadas por el Gobierno a comienzos de la década para estimular la disociación entre los miembros de grupos armados clandestinos, que culminaron con la autodisolución sin retorno de ETA(p-m), apenas habían tenido éxito hasta ese momento entre los adeptos a ETA(m). Los dirigentes de esta organización habían prohibido a sus presos solicitar indultos particulares o acogerse a mejoras individuales en las condiciones de internamiento, a pesar del deterioro en el que se hallaba buena parte de ellos. La consigna era y es que debe existir unidad de acción en el colectivo dé presos en pos de salidas globales y negociadas. De que esta consigna fuera secundada se encargaban, sobre todo, los grupos afines que asistían a los reclusos, mediatizaban la comunicación con el exterior y controlaban el comportamiento de familiares o amigos; especialmente las llamadas Gestoras Pro Amnistía.

Sin embargo, el desmantelamiento de las comunas constituidas entre los presos, debido a la dispersión geográfica de éstos, ha quebrado en una medida nada desdeñable tales directrices, abriendo fisuras notables en el bloque compacto que formaban los reclusos, sus allegados y la propia ETA(m) a través de las Gestoras. Los sucesivos llamamientos hechos desde entonces por la dirección de la organización terrorista a sus presos, para que respondan con huelgas de hambre a las medidas de dispersión, han sido hasta ahora desoídos o escasamente cumplidos. Por otra parte, es más que significativo el número de presos etarras que, abiertamente o de forma discreta, han aceptado acogerse a los beneficios ofrecidos por el Gobierno, o contemplados en la normativa penitenciaria, durante los últimos seis años. Si bien desde el colectivo de reclusos se pregona que las medidas de dispersión implementadas por los responsables de las instituciones penitenciarias españolas han sido un fracaso a este respecto, la frenética oposición a las mismas por parte de la organización terrorista revela que operan en notable detrimento de sus intereses.

Aunque las medidas de dispersión deberían ser, por tanto, mantenidas, la experiencia acumulada sugiere también la conveniencia de realizar algunas correcciones que favorezcan su eficacia, por complementariedad con otras iniciativas. Cabe combinar, por ejemplo, el desagrupamiento de los presos etarras con un mayor acercamiento de los mismos a sus hogares de origen, algo que encuentra indudables limitaciones técnicas. Ahora bien, las autoridades no pueden olvidar que los efectos deseados con la dispersión son altamente contingentes respecto a factores externos, de modo que resultan mucho menos verosímiles cuando los militantes encarcelados perciben expectativas de negociación política entre el Gobierno y la organización terrorista, como las fabricadas en los últimos tiempos desde el mundo abertzale radical e incluso desde el nacionalismo vasco moderado, con sus referencias improcedentes al caso norirlandés, donde ni siquiera existen instituciones legitimadas de autogobierno. En suma, ni el Ejecutivo actual ni el que resulte de las inminentes elecciones generales debe ceder al chantaje de los terroristas. Lo que se precisa ante la situación creada es, una vez más, el reforzamiento del consenso antiterrorista entre los partidos políticos leales al régimen democrático y la pacífica movilización ciudadana frente a los viólentos. Del mismo modo que los funcionarios de instituciones penitenciarias, necesitados ahora de nuestra común y manifiesta solidaridad, deben evitar caer en la trampa de culpabilizar al Gobierno por un secuestro, el de su compañero de trabajo, que tan sólo tiene unos responsables: quienes respaldan o pertenecen a la organización terrorista JETA.

ocupa la Cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos en la UNED y es profesor investigador en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.