La reforma de los estatutos forzará a PSOE y PP a firmar otro pacto autonómico

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 3 de marzo va a heredar un complicado problema en numerosas comunidades. La multiplicación de las iniciativas de reforma de los estatutos de autonomía, promovidas de forma unilateral por seis Parlamentos regionales a lo largo de 1995, está dejando desfasados los pactos de 1992, suscritos por el PSOE y el PP, y va a obligar a sus protagonistas a renovarlos no mucho después de los comicios si no quieren que el panorama autonómico se deteriore.

Los Parlamentos de Baleares, Aragón y Canarias (con Gobiernos del PP, en el primer caso; de una coalición PP-Par, en el segundo, y de los nacionalistas, con apoyo del PP, en el tercero) aprobaron durante el segundo semestre de 1995 las reformas de sus estatutos para dotarse de nuevas competencias que desbordan los pactos de 1992Aragón, por ejemplo, prevé en su reforma la competencia del Concierto Económico. Su aprobación definitiva dejaría a esta comunidad fuera del modelo común de financiación autonómica y la equipararía al País Vasco y Navarra, que disponen de aquélla en exclusiva por sus singularidades históricas (Álava y Navarra mantuvieron esa peculiaridad foral incluso en la dictadura).

Los distintos Gobiernos centrales (tanto los de UCD como los del PSOE) se han opuesto a la generalización del modelo de Concierto Económico porque rompería la unidad de financiación del Estado. Para Canarias la aprobación de su reforma supondría la competencia sobre las aguas territoriales.

Las reformas de los estatutos de Aragón y Canarias -no así la de Baleares- fueron tomadas en consideración por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de noviembre con el apoyo de todos los partidos, entre ellos los dos que suscribieron los pactos autonómicos de 1992, el PSOE y el PP. En la próxima legislatura, tras las elecciones de marzo, la nueva Cámara tendrá que definirse ante este reto.

Pero el fenómeno se ha extendido, hasta el momento, a tres comunidades más. Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha han decidido recientemente tramitar de forma unilateral la reforma de sus estatutos.

En estos casos, la pretensión es más modesta: que el periodo de sesiones sea normal, con lo que los parlamentarios dispondrían de un salario y no se limitarían a cobrar dietas como hasta ahora, y que sus Gobiernos tengan capacidad para disolver el Parlamento. No obstante, Castilla-La Mancha ha introducido la novedad de solicitar la circunscripción regional y no provincial en la celebración de las elecciones autonómicas.

El secretario de Estado para la Administración Territorial, Francisco Peña, apunta el riesgo de que el Estado de las Autonomías se convierta en un Estado a la carta si los partidos no toman medidas ante esta avalancha de peticiones de reforma unilateral. Peña no ve otra salida que la suscripción de un nuevo pacto entre los principales partidos para establecer un diseño acordado a escala nacional.

Las causas de este incremento de iniciativas unilaterales de las comunidades tienen que ver con la inestabilidad política por el enfrentamiento total de los dos partidos principales y con que los pactos autonómicos de 1992 están a punto de cumplir, todos sus objetivos.