Bueren pide la extradicción del dirigente etarra Antxon, confinado en Santo Domingo

, El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren propuso ayer al Gobierno que solicite la extradición del dirigente de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, que se encuentra deportado en Santo Domingo (República Dominicana). El magistrado considera que el interlocutor de ETA ha incurrido en "un delito de asociación ilícita en su modalidad de pertenencia y dirección de banda terrorista", que está castigado con una pena de prisión mayor a reclusión menor; es decir, hasta 20 años de cárcel. Ésta es la primera vez que un juez solicita la entrega de Antxon, al que no se imputan directamente delitos de sangre.

El que fue ideólogo de ETA está procesado desde noviembre de 1988, fecha en la que también se acordó su prisión sin fianza, si bien nunca se ha reclamado su entrega a pesar de conocerse su paradero, ya que fue trasladado a Santo Domingo en un avión militar español desde Argelia, donde participó como interlocutor de ETA en las conversaciones de Argel. Antxon permanece desde entonces custodiado por la policía dominicana junto con sus compañeros Belén González Peñalva, Ignacio Arakarna, Peio Ganuegí y Ánjiel Iturbe.El auto dictado ahora por el juez Bueren obedece a una petición formulada en ese sentido el pasado día 20 por el fiscal Eduardo Fungairiño, y en el mismo se considera que los delitos por los que se persigue a Antxon "no han prescrito, se están cometiendo en la actualidady son de carácter permanente".

Estratega de ETA

El juez precisa, en su resolución que Eugenio Etxebeste ejerce un cargo en la dirección de ETA desde 1979 hasta la actualidad, primero en la clandestinidad, en Francia, y a partir de 1989 en la República Dominicana. En razón de ese puesto marca la estrategia de la o organización terrorista y da instrucciones para la comisión de atentados. Así, en 1991, Antxon remitió un documento en el que expresaba la necesidad, de cometer atentados, y pocos meses después el comando, Barcelona colocó un coche bomba en Sabadell que al hacer explosión causó la muerte de seis agentes de policía.

Bueren señala que le alcanza la responsabilidad "por el mantenimiento de la existencia de la banda que dirige". El magistrado destaca los numerosos atentados que la banda terrorista viene cometiendo en España ininterrumpidamente desde 1968, "con resultados criminales que superan los 900 muertos, innumerables heridos y mutilados y cuantiosísimos daños, cuya estimación rebasa los mil millones de pesetas.

Los indicios racionales que aprecia, el juez sobre la participación de Etxebeste en la dirección de ETA se basan principalmente en las declaraciones realizadas por el ex activista del comando Madrid acogido a la reinserción Juan Manuel Soares Gamboa, así como las: declaraciones de otros procesados en la causa, quienes refieren que Antxon impartía cursillos de formación y daba órdenes a los nuevos miembros de ETA. También se ha basado en documentos incautados a otros, miembros de la organización como Juan Lorenzo Lasa, Mitxelena, Txikierdi; José Arrieta Zúbimendi, Azkoiti; Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; José Javier Zabaleta Elósegui, Baldo; Francisco Múgicá Garniendia, Pakito; José Arregi Erostarbe, Fiti, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; Ignacio Bilbao Beascoetxea, Maki Lemona, y MiguelÁngel Gil Cervera, Kurika.

Uno de los documentos incautados a Iñaki Bilbao en el momento de su detención es atribuido a Etxebeste y en el mismo ordena que se ejecuten acciones terroristas. El juez resalta, "la existencia contrastada de personas que han acudido a la República Dominicana a recoger las instrucciones" impartidas por, Etxebeste, y que éste era el interlocutor de ETA durante los contactos de Argel.

El Magistrado concluye así que Antxon dispone la estrategia global a seguir para alcanzar los objetivos de la banda y que bajo su dirección última tiene el control de diversos aparatos relacionados entre sí que manejan armas, explosivos, dinero y vehículos para sus fines.

España y la República Dominicana tienen tratado de extradición desde 1981, cuando se firmó un convenio bilateral en ese sentido. El caso queda ahora en manos del Gobierno, que puede tramitar o rechazarla petición.