Sala reconoce fallos en la inspección de la "disparatada" actuación de Moreiras

Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asumió ayer su responsabilidad por la deficiente inspección del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Calificó la actuación de su titular, Miguel Moreiras, de "errática y disparatada" y dijo que "su historial disciplinario era digno de haberse tenido en cuenta". Sala asumió también fallos en la inspección por la excarcelación de etarras y narcotraficantes, por los que el PP exigió responsabilidades al Poder Judicial.

Sala compareció ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para dar cuenta, a petición del PP, de las circunstancias de la excarcelación de presos preventivos, luego fugados, y, a petición de IU-IC, de los fallos en los órganos de la Audiencia Nacional que conocen los delitos económicos y monetarios.El presidente del Poder Judicial reconoció el incumplimiento de los plazos que dieron lugar a la excarcelación de varios presos preventivos, al transcurrir el máximo de cuatro años de privación de libertad antes del juicio, e informó del expediente disciplinario contra los magistrados de la Audiencia Nacional Manuel Trenzado y Jorge Campos, presuntos responsables de los retrasos. Añadió que el consejo ha pedido que se exijan responsabilidades también al secretario judicial, el fiscal del caso, los abogados y los procuradores.

En cuanto a los delitos económicos y monetarios, recordó que desde 1995 los investigan todos los juzgados centrales de instrucción, y no sólo, como antes, el número 3, del que es titular Moreiras. Sala informó que hay cuatro actuaciones disciplinarias contra Moreiras, tres por retraso y otra por revelación de secreto.

Trillo, el palo y la vela

Federico Trillo (PP) criticó el retraso del CGPJ en la iniciación de actuaciones disciplinarias. Invocó al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch -quien pidió "que cada palo aguante su vela"- y aprovechó la cita para pedir responsabilidad política al propio Belloch por supuesta negligencia de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado de él dependientes. Los presos fugados debían presentarse a diario en comisaría. Sala contestó que propondrá el estudio de tal responsabilidad.

Trillo arremetió contra el Consejo del Poder Judicial, a cuyo presidente preguntó: "¿Ante quién responden ustedes, como gobernantes del Poder Judicial, en un Estado de derecho en que todos los poderes son responsables?". Este planteamiento, habitual en IU-IC, lo retomó el diputado de este grupo, Diego López Garrido, quien pidió la responsabilidad del CGPJ no sólo por sus negligencias posteriores, sino también previas a las deficiencias observadas.

López Garrido explicó que cualquier abogado que acudiera al juzgado de Moreiras sabía que "funcionaba rematadamente mal por la incompetencia del juez, mientras que el CGPJ tuvo que enterarse por los periódicos".

El diputado de IU-IC pidió que la inspección de estos juzgados no la realicen sólo jueces, sino también otros técnicos, para evitar "conclusiones pintorescas, como las que detectaron solamente problemas de mobiliario". Sala asumió todas las deficiencias de la inspección, así como su propia falta de acierto para evitar los fallos, aunque alegó que se están corrigiendo y no quedarán impunes.