Clemencia política frente a severidad militar

Cinco años de prisión por 4.200 pesetas. Uno por cada 840 pesetas de destrozos. Ésa fue la condena impuesta al soldado Santiago Tamayo Fernández por el Tribunal Militar de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo, que se vio impotente para remediar la desidia, primero, y la impericia, más tarde, de los abogados de oficio asignados al joven. Al final, el Gobierno ha evitado, mediante un indulto, que se ejecutase tan escandaloso fallo.

La historia comenzó, según la sentencia, el 7 de junio de 1989, cuando el soldado Tamayo, destinado en el grupo de abastecimiento de la Agrupación Logística número 2 (Granada), "penetró en el taller de mantenimiento de vehículos con un gran sentimiento de hastío hacia su servicio militar". "Una vez allí", prosigue la sentencia, "con una navaja de su propiedad, hizo un corte en una manguera de freno [ ... ], cuya misión es trasvasar aire a presión desde el camión al remolque" . Como consecuencia, un remolque de panificación tuvo que retrasar "su salida [hacia unas maniobras] hasta 48 horas después del incidente. El valor de la reparación, consistente en la sustitución del latiguillo averiado, fue de 4.200 pesetas".

El 8 de febrero de 1994, el Tribunal Militar de Sevilla condenó a Santiago Tamayo a cinco años de prisión, como autor de un delito de atentado contra bienes de la defensa nacional. Su abogado de oficio presentó un escrito "con la manifestación de que no encontraba motivos en que fundamentar el recurso" contra la sentencia. Designado otro defensor de oficio, accedió a recurrir, pero alegó sólo la violación del derecho a la presunción de inocencia.

El 12 de diciembre de 1994, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que desestimaba "el único motivo del recurso" planteado por el abogado, ya que el propio demandado había admitido los hechos. Pero el Tribunal Supremo agregó, a iniciativa propia, que "no parece del todo razonable suponer que la intención del autor fuese poner en peligro la defensa nacional mediante la inutilización temporal de un medio de transporte militar. [ ... ] Más prudente sería no extraer consecuencia tan desmesurada de un gesto que probablemente sólo fue la injusta y reprobable manifestación de un incontrolado estado emocional".

Para Agustín Pozo Uceda, de 24 años, vecino de Torrent (Valencia), empezó una auténtica pesadilla el pasado 9 de junio, cuando la Guardia Civil se presentó en su casa a buscarle. Ni siquiera sabía que, el pasado 16 de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo había confirmado la condena que le impuso 10 meses antes el Tribunal Militar de Sevilla: tres años de prisión por ultraje a la bandera.

Su delito consistió en proferir un exabrupto -"me cago en la bandera"- en el Hogar del Soldado del Regimiento de Regulares de Ceuta donde, el 7 de junio de 1991, estaba a punto de licenciarse. Según la sentencia, "el encartado, que no acostumbra a beber, había ingerido bebidas alcohólicas que, si bien no le habían producido una ebriedad notable, sí le habían colocado en un estado de contento". De inmediato, agrega la sentencia, "expresó su más profundo arrepentimiento", lo que no impidió que se le aplicaran 30 días de arresto.

El teniente coronel instructor de las diligencias, tras constatar que no existió "ánimo de injuriar", pidió, el día 2 de septiembre de 1991, el sobreseimiento del caso. Su petición no fue atendida y en abril de 1994, casi tres años después de licenciarse, fue juzgado por el Tribunal Militar Territorial Segundo, que calificó el exabrupto de "ofensa grave, menosprecio e injuria a la bandera". Le impuso tres años de cárcel, aunque, en un "otrosí", el tribunal propuso su indulto o la conmutación de la "excesiva" pena por un año de cárcel.

El 16 de febrero pasado, el Supremo confirmó la condena, pero olvidó la petición de indulto o conmutación. El abogado de oficio tampoco se acordó de comunicarle el fallo. Por eso, cuando el 10 de junio ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia), no entendía lo que le pasaba. Recurrió a la Oficina del Defensor del Soldado, y la abogada Amparo Puchades le consiguió el tercer grado. Desde entonces acude cada noche a la prisión, que abandona a las cinco de la madrugada para acudir al trabajo. Al menos hasta que el ministro de Defensa presente al Gobierno la propuesta de indulto.