El PP divide en cuatro grupos las empresas públicas para privatizarlas

El presidente del PP, José María Aznar, tiene en la mesa de su despacho un documento que divide las empresas públicas en cuatro grupos según la dificultad de su Privatización. Así lo afirmó ayer el portavoz de industria del partido, Luis Gámir, en la presentación de la Proposición de Ley Marco de Privatizaciones, con la que el PP pretende llevar mayor transparencia y control al proceio de venta de empresas públicas. Gámir afirmó que los recursos que se obtengan por la privatización deben destinarse al pago de la deuda pública.El PP, según su portavoz de .Industria, no elaborará una lista de empresas privatizables, pero sí tiene muy estudiadas sus posibilidades de venta. Y éstas se han calculado aplicando dos criterios: el beneficio social de la empresa, al margen de criterios puramente economicistas, y el grado de dificultad de su venta por uación económica o financiera. Gámir se lamentó de no haber podido contar, además, con un análisis contable de cada compañía al no haber accedido el PSOE a que las empresas públicas entreguen en el Parlamento las mismas cuentas que las que Cotizan en Bolsa tienen que dar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Aunque ayer no se quisieron concretar ni nombres ni plazos (le venta, Gámir sí afirmó que no ve ninguna necesidad en que Argentaria siga siendo pública, y resaltó que de las cuatro empresas públicas que cotizan en Bolsa (ENDESA, Telefónica, Argentaria y Repsol) todavía quedan dos billones por privatizar. Aldeasa, Auxini o Musini fueron puestas como ejemplos de venta clara, y la minería del carbón de mantenimiento en el sector público por su rentabilidad social.

La proposiciónde ley que ha presentado el PP, que se complementará con el Estatuto de la Empresa Pública que presentará el partido, aumenta el control sobre la venta de las empresas públicas y propicia una mayor participación del Parlamento. Las privátizaciones, según este proyecto, deben contar con la autorización del Consejo de Ministros y se harán mediante Real Decreto. Se establece la obligación de contar con una valoración previa de la empresa realizada por peritos independientes elegidos por concurso público y, aunque el precio de venta no tiene que coincidir con ella.