Geometría del cohecho

La solicitud del ministerio fiscal para la apertura del juicio oral contra 23 implicados en el caso Filesa ha transformado en mueca la sonrisa de los socialistas que cantaron alegremente victoria hace dos meses por la renuncia de Marino Barbero como instructor de la causa. Los círculos gubernamentales habían descargado sobre la inexperiencia profesional de este catedrático de Derecho Penal, incorporado a la magistratura mediante concurso de méritos, toda la responsabilidad de las demoras sufridas por ese sumario, relacionado con la financiación irregular del PSOE; las críticas de carácter aparentemente técnico fueron acompañadas a veces por descalificaciones personales del mas grosero estilo. Las desaforadas comparaciones establecidas por el presidente de Extremadura entre las resoluciones judiciales del caso Filesa y los atentados terroristas de ETA colmaron la paciencia de Barbero: la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial ante esas agresiones precipitó su renuncia a la magistratura el pasado julio.Las burlas sobre los retrasos de Barbero ocultaban hipócritamente el sistemático obstruccionismo realizado por el PSOE para eternizar las actuaciones. Resulta descorazonador que los parlamentarios y los cargos públicos de un Estado democrático recurran a los ardides dilatorios y las triquiñuelas procesales de los delincuentes comunes: aunque tengan derecho formal a ese tipo de defensa torticera, nadie les obliga a utilizarla (y muchas razones les exigirían no hacerlo). Pero el denostado instructor no había perdido el tiempo: el escrito del fiscal se basa en la paciente y minuciosa labor realizada por Barbero para desenredar la embrollada madeja de la financiación ilegal del PSOE.

El ministerio público pone en evidencia los entresijos de la trama montada por el partido del Gobierno para sufragar irregularmente sus campañas electorales y sus gastos de funcionamiento ordinario; el importe de las 35 operaciones registradas de Filesa o Time Export (agrupadas en el holding Malesa) asciende a mas de mil millones de pesetas. Creado en 1987, el tinglado copió el modelo fabricado por los socialistas franceses con idéntico propósito. El PSOE negociaba primero en secreto con empresarios y banqueros el monto de sus donativos al partido del Gobierno, así como las presumibles contraprestaciones a esas dádivas aparentemente generosas. Entraban luego en escena los directivos de Filesa o Time-Export, fingidas consultoras que facturaban y cobraban a los clientes previamente designados por el PSOE las cantidades convenidas a cambio de la supuesta realización de estudios o informes técnicos tan inexistentes como inverosímiles. Una vez recibido el dinero, Filesa o Time Export pagaban con esos mismos fondos y mediante procedimientos fraudulentos las deudas del PSOE con sus proveedores.

Ese juego triangular permitía a los socialistas orillar las limitaciones a los donativos de las empresas fijadas por la Ley de Financiación de Partidos de 1987 y eludir los techos de los gastos de campaña establecidos por la Ley Electoral de 1985. La subterránea recaudación realizada por el grupo Filesa sirvió también para crear otras 16 sociedades -todavía no investigadas- con funciones realmente mercantiles destinadas a "perpetuar en el tiempo" la financiación irregular del PSOE. El fiscal denuncia, finalmente, la existencia de un nexo causal entre los donativos encauzados a través del grupo Filesa y la posterior adopción de decisiones administrativas en favor de las compañías pagadoras: esas ilegales entregas de dinero estaban directamente relacionadas en la mayoría de los casos "con la obtención de importantes beneficios para las empresas financiadoras en sus relaciones con la Administración". El triángulo PSOE-Filesa-empresarios se transforma así en la inquietante figura de un cuadrado: la utilización del Estado para retribuir a los financiadores del partido del Gobierno sería el cierre de esa geometría del cohecho.