Un alcalde asegura que Pascual Estevill hacía negocios cuando era juez

Antoni Meseguer, alcalde de Sant Adriá de Besós -35.000 habitantes-, y su jefe de gabinete, Juan Alberto Dalmau, mantienen que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevill combinó sus funciones como titular del juzgado número 5 de Terrassa con las de colaborador del promotor inmobiliario francés Gérard Gómez en la operación Regesa, que provocó una causa judicial cuya vista se celebrará a mediados de noviembre y en la que el vocal de CGPJ declarará como testigo.

Meseguer ha confimado a este diario "la doble ocupación" del ex juez, situación que ya había sido denunciada previamente por Dalmau en sus declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona. Las normas de conducta establecidas en el poder judicial prohíben a los magistrados cualquier implicación en negocios. El ex juez se enfrenta también, a las querellas de ocho personas que pasaron por su juzgado y que le acusan de presunta prevaricación, además de otras diligencias abiertas por el fiscal general del Estado por presuntos delitos fiscales y de otra índole. El CGPJ ya sometió a votación la suspensión cautelar del polémico vocal porque alguno de sus miembros entendía que su presencia en el mas alto órgano de la magistratura "daña la ética pública".Pascual Estevill "asesoró" al promotor francés en el verano de 1991 -cuando Gómez pretendía edificar un gran centro comercial en el barrio de La Catalana de Sant Adriá- al mismo tiempo que ejercía como juez en Terrassa, su primer destino, al que accedió como juez del "cuarto turnó" tras un largo periplo como abogado mercantilista. Meseguer sostiene que el juez Pascual asesoraba a Gómez cuando las recalificaciones pretendidas por el constructor francés chocaban con el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) municipal.

Antes de conseguir la perseguida recalificación, Gómez había adquirido los terrenos, en 1989, por 1.137 millones de pesetas. Pascual mantuvo entonces varias reuniones con los representantes del Ayuntamiento junto a otros colaboradores de Gómez. El empresario francés estaba asesorado también por el ex director general de la Vivienda en el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) Enrique de Salamanca, Alberto Baleyto, y el financiero barcelonés Eduardo Fontdevila.

Recalificación

"Ellos conocían perfectamente que el PERI no permitía ningún centro comercial en esa zona y que era necesaria una modificación del Plan General Metropolitano, así como redactar un nuevo PERI, pero Gómez tenía hipotecados los terrenos y para cubrirse nos llevó a los tribunales", explica Antoni Meseguer.Gómez, afincado en la ciudad francesa de Tolón y en Dakar (Senegal), encargó un nuevo PERI, pero ante las dificultades para llevar adelante el gran centro comercial interpuso una querella por estafa que acusaba al alcalde de Sant Adrià de irregularidades en la planificación urbanística del barrio de La Catalana. Aquello hizo estallar el caso Regesa, que salpicó al. socialista Antoni Meseguer y que le obligó a abandonar la alcaldía en octubre de 1992. Las últimas elecciones municipales le restituyeron en el cargo al ser el candidato más votado. En el sumario de Regesa, una de las empresas de Gómez Gauro, tiene como abogado defensor a Javier Pascual Franquesa, hijo del vocal del CGPJ.

Gérard Diego Gómez es uno de los empresarios que la prensa francesa relaciona con el poder republicano del departamento de Var. En ese departamento francés se han descubierto fraudes multimillonarios a la UE con importaciones de cemento de los Países del Este y en él actúan importantes organizaciones de la camorra como la de Francesco Schiavone, alias Sandokan. Los escándalos de los ex ministros de la UDF-PR Maurice Arrecks y François Léotard descubrieron la existencia de los llamados "padrinos del Var" responsables -según la justicia francesa- del asesinato de la diputada conservadora Yann Piat.