El inculpado quiere involucrar a importantes figuras del mundo económico y financiero
Juan Antonio Samaranch, Carlos Solchaga, Miguel Boyer, Emilio Botín, Rodrigo Echenique. Éstos son algunos de los nombres citados a declarar por dos jueces a petición de Javier de la Rosa en dos demandas instadas por el financiero. Se trata de una estrategia destinada a implicar en su caída a importantes figuras del mundo económico y financiero. Una actividad frenética que está en contraste con "la pasividad, desinterés y falta de diligencia", términos con los que la Audiencia de Barcelona calificó la actuación de su defensor, Juan Piqué Vidal, en el caso Grand Tibidabo, que podría volver a recuperar impulso con la calificación del fiscal.
De la Rosa ha presentado, entre 1993 y abril de 1995, dos demandas civiles ante los tribunales de Barcelona. Las dos demandas tienen, en el fondo, parecido hilo argumental: él era un simple testaferro, en un caso de KIO, en el otro del Banco Santander. El esquema es sencillo. Las acciones que él poseía en Ercros, el 10% del capital, fueron adquiridas por orden del grupo árabe, por lo que los 48.000 millones de pesetas que Torras-KIO le concedió en concepto de préstamo deberían cancelarse automáticamente al devolver las acciones. Sin embargo, KIO no ha encontrado ningún documento que justifique que esas acciones son de De la Rosa. Además, en sus buenos tiempos, el financiero se hartó de declarar en todos los medios de comunicación que él era socio de la empresa, puesto que era accionista. Esta demanda le ha servido ahora a De la Rosa para pedir al juez que cite a declarar a las personas contra las que ha acumulado una especial inquina y considera que le han abandonado. Este es el caso de Juan Antonio Samaranch, presidente de La Caixa y del Comité Olímpico Internacional, quien fue en el pasado consejero de Ercros, o el de Carlos Solchaga y Miguel Boyer, ambos ex ministros de Economía.El otro gran coco de De la Rosa es el Banco Santander, contra el que De la Rosa interpuso una demanda el pasado mes de abril. Algunos amigos del financiero le han oído relatar el profundo rencor que siente hacia la entidad de Emilio Botín. Por ejemplo, en una comida con algunos abogados y un periodista de confianza, celebrada el día 17 de febrero -recién salido de prisión- en el restaurante barcelonés Carballeira, De la Rosa definió su lista de enemigos empresariales: en cabeza estaba el Santander.
La demanda se centra en la operación de compra al banco de un paquete de la empresa azucarera Ebro. De la Rosa adquirió las acciones con un crédito del propio banco y dejó como garantía las acciones. Además, en el contrato del crédito figuraba una cláusula en la que otorgaba su propio aval personal, a fin de cubrir al banco contra posibles reducciones en el valor de las acciones dejadas como garantía principal. La existencia de esa cláusula ya dejaba claro que De la Rosa se convertía en el propietario del paquete. Sin embargo en la demanda argumentó que él era una simple pantalla del banco, que, según dijo, continuaba siendo el propietario de las acciones. Cuando De la Rosa dejó de pagar los intereses del crédito, mientras estaba en prisión, el Santander ejecutó las garantías, que en aquel momento eran las acciones de Ebro y el 12% de Grand Tibidabo. Ahora, De la Rosa pretende recuperar estas últimas para retomar el control de la sociedad y reducir las consecuencias penales del caso Grand Tibidabo.
Parálisis penal
En la causa penal referida a la gestión en la sociedad Grand Tibidabo, el equipo de defensa de De la Rosa se ha mantenido, y se sigue manteniendo, a remolque de la iniciativa del juez y el fiscal. Piqué tan sólo les obliga a resolver recursos por cuestiones formales. Mientras, el fiscal podría preparar, en breve, el escrito de acusación.
