La peor sequía del siglo provoca que ocho millones de personas sufran restricciones

El presente ciclo de sequía, que empezó en el otoño de 1991 y no lleva visos de remitir, es "a todas luces el peor del siglo", según el director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás. Desde febrero de 1992, el Gobierno ha invertido 110.000 millones de pesetas en paliar la escasez de agua, incluyendo los 40.000 millones aprobados el pasado julio para obras de emergencia. Con todo, seis millones de españoles y otros dos de turistas padecen restricciones en el suministro de agua.Entre 1991 y 1994, los recursos hídricos generados -aquella parte de las lluvias que se hace disponible en los ríos y cauces subterráneos- fueron el 28% de lo normal, y en el presente año han caído por debajo del 15%. Según Baltanás, la situación es "aún peor que en la célebre sequía pertinaz de los años cuarenta".

Baltanás intervino ayer en el seminario El desequilibrio hídrico en España, organizado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Los expertos han revisado durante el curso los distintos frentes desde los que se puede atacar el problema de la sequía, desde la desalación hasta la reutilización de aguas residuales, pasando por la contención del consumo. Pero el ministro de Obras Públicas, José Borrell , no se hace ilusiones sobre esos remedios: "Sin trasvases, no hay solución para el desequilibrio hídrico en España".

Borrell está seguro de que la oposición a los trasvases es fruto de manipulaciones políticas y contumacias irracionales. También sabe que no es nueva. Cuando Felipe II quiso hacer navegable el Tajo, cuenta el ministro, recabó el consejo del Santo Oficio y encontró esta respuesta: "Si Dios hubiera querido que el Tajo fuera navegable, ya lo habría hecho Él".

Cuatro siglos después, las actitudes no han cambiado mucho, según Borrell, que recuerda una reciente frase de José María Aznar: "España es como es, y el dinero público no puede cambiar lo que la naturaleza ha hecho".

El departamento de Borrell cree necesaria una modificación del régimen económico de la Ley de Aguas, que permita cobrar el consumo del agua además de la amortización de las infraestructuras y servicios. "Cuando he avanzado la idea de subir el precio del agua, me han llamado de todo", recuerda el ministro, pero insiste en la necesidad de abordar esa regulación de la demanda "para que los precios digan la verdad".