El ex guardia civil Masa acusa a Garzón de firmar en blanco bloqueos de cuentas
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa González, expulsado del cuerpo por ocultar la práctica de torturas a un detenido, ha presentado una querella contra el juez Baltasar Garzón en la que le acusa de firmar en blanco órdenes de bloqueo de cuentas bancarias. Según Masa, Garzón podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, falsedad y privación arbitraria de derechos fundamentales. La querella ha sido presentada ante el Supremo debido al fuero especial del magistrado.
En su querella, Masa explica que el 9 de junio recibió un anónimo de alguien que decía pertenecer a la policía y lamentaba su expulsión de la Guardia Civil, según fuentes jurídicas. En el sobre se adjuntaba un modelo de oficio de bloqueo de cuentas bancarias extendido en 1990 y aparentemente firmado en blanco por Garzón.Masa formula una querella de antejuicio contra el magistrado, por si la firma en blanco pudiera ser constitutiva de los delitos de prevaricación [adoptar a sabiendas una resolución injusta], falsedad de documento oficial y privación arbitraria de derechos fundamentales.
El querellante explica que no tiene relación con los hechos, pero que la justicia debe afectar también a los jueces. El querellante aprovecha para referirse a una denuncia de hace años contra Garzón por la defensa de Monzer Al Kassar en base a unas notas que el magistrado elaboró sobre aquel sumario. Fuentes de la defensa de Al Kassar indicaron ayer que la denuncia fue archivada por el fiscal general y que actualmente no ha planteado ninguna acción contra el magistrado.
Masa también aporta una página de El Mundo del 7 de junio en la que se alertaba de que antiguos cargos de Interior preparaban una campaña contra Garzón consistente en difundir documentos que el magistrado firmó en blanco en junio de 1990. Dichos documentos, según El Mundo, los firmó Garzón durante la investigación de la Operación Nécora contra el narcotráfico gallego.
El caso será remitido al fiscal del Supremo para que se pronuncie sobre si es competente la Sala Segunda y si la querella debe admitirse.
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