Intelhorce se vendió a Orefici a pesar de que no podía cumplir los compromisos

El juez instructor del caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso, sostiene que el empresario italiano Giovanni Orefici, su abogado, José Manuel Muñiz, y el ex presidente de la empresa pública Improasa, José Manuel Moreno maquinaron una operación para que la Direccion General de Patrimonio del Estado vendiera la factoría al primero aun cuando los tres sabían que el comprador "ni podía ni tampoco iba a hacer frente" a los compromisos que adquirió en el contrato.

Los citados compromisos eran el pago de compra de 2.000 millones y la ampliación de capital por otro tanto. Ambos quedaron incumplidos. Los tres implicados permanecen en prisión desde el 8 de marzo acusados de un total de 18 delitos.En el auto de prisión, el juez reconoce que no puede precisarse la comisión que percibió Moreno García, aunque "no fue menor de 15 millones de pesetas", cantidad pagada en tres cheques que ingresó en una cuenta a nombre de Oleocampiña, sociedad de la que es representante. En su declaración, Moreno García negó este extremo, así como que reclamara a Orefici el pago de 25 millones por el informe para la privatización que realizó Improasa. Orefici sin embargo testificó ante el juez que el propio Moreno García le pidió esos 25 millones, si bien no como comisión personal, sino en concepto de la mitad de la tarifa correspondiente al informe, que fue pagada con dinero de la factoría.

Muñiz y Orefici aportaron un aval de 2.000 millones de Fianzas y Créditos. El mismo día de la firma de escrituras, se incluyó un anexo ofreciendo como contragarantía del aval parte del dinero recibido del Estado para la ampliación de capital. Orefici, sin embargo, sostiene que esta alteración fue autorizada por Patrimonio, y de hecho el juez confirmó ayer en una prueba testifical que el presidente de Intelhorce antes de la privatización, Diego García Morales, fue quien firmó los dos talones por importe de 1.869 millones que se utilizaron de contragarantía.

Según el juez, Orefici y Muñiz, presidente y secretario respectivamente de la empresa, derivaron fondos "de forma continuada" llegando a causar un perjuicio a las arcas de la factoría que excede los 4.000 millones de pesetas. La denuncia de Patrimonio incluía además 2.500 millones en avales de obligaciones de Benorbe y Benservice, la empresas compradoras de Intelhorce propiedad de Orefici.

Sobre otro de los incumplimientos, la no suscripción de la ampliación de capital, Orefici reconoció en su declaración que los 500 millones que se reconocieron como desembolsados no lo fueron en realidad Porque se abonaron con talones sin fondos y que para hacer frente a ellos se pidió un crédito cuyos intereses fueron pagados por Intelhorce. El empresario italiano justificó este incumplimiento en que los accionistas se sintieron "defraudados" por Patrimonio porque las condiciones de la empresa no eran las mismas de las que se le había informado. Según el ex propietario de Intelhorce "las desavenencias entre accionistas y Patrimonio a lo largo de 1990 producen una caída de las ventas y una situación de anomalía".