García-Castellón levanta el secreto del sumario contra Conde y 11 ex administradores de Banesto

El juez Manuel García-Castellón, adscrito al titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, dictó ayer un auto por el que levanta el secreto del sumario en el caso Banesto, que fuera establecido el pasado 14 de noviembre al admitirse a trámite la querella criminal de la fiscalía contra el ex presidente de Banesto Mario, Conde, diez consejeros y un director general por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Las investigaciones a lo largo de cinco meses y seis días ocupan 90 tomos y 40.000 folios.

El juez recuerda en su auto que declaró el secreto de las actuaciones el pasado 14 de noviembre de 1994, día en el que el fiscal Florentino Ortí presentó la querella y solicitó el secreto para las diligencias previas. El juez razona que si bien la ley garantiza el acceso al proceso en defensa de derechos legítimos, esta garantía se ha visto limitada por la declaración del secreto sumarial. "Tal limitación", afirma, "no supone sin embargo, violación del derecho de defensa, pues ésta encuentra su límite en el interés de la justicia, valor constitucional que en nuestro ordenamiento se concreta en el artículo 302 de la ley de Enjuiciamiento Criminal".Según el auto, "el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no implica indefensión en cuanto que no impide a la parte ejercitarlo plenamente cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad".

García-Castellón explica que "habiéndose mantenido el secreto de las acuaciones como requisito fundamental para el buen éxito de las investigaciones practicadas hasta el momento presente en éste juzgado, y cuyo resultado consta en las presentes actuaciones, es por tanto ahora el momento de levantar el secreto total al haberse cumplido aquellos objetivos y con el fin de cumplir el mandato constitucional (art. 24.2 de la Constitución Española) y que se refiere al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas".

Instrucción en seis meses

El juez, que ya se pronunciado en varias ocasiones públicas como favorable a un periodo de instruccion de seis meses, siempre que se pueda lograr, define en el auto "la pronta terminación de la instrucción en legítimo interés de las partes personadas ( ... ) y que en definitiva permite al imputado salir de la situación de interinidad en que se encuentra, y por lo tanto obtener la condición bien de ciudadano libre de toda sospecha o sufrir las consecuencias de la condena".

Por tanto, García-Castellón ha dejado sin efecto el secreto procediéndose "a dar vista a las partes personadas para que en uso de su legítimo derecho completen la instrucción", lo que permite que "todas las partes podrán tomar conocimiento de lo actuado e instar lo que a su derecho convenga, acordando el juez lo procedente en orden a la práctica de estas diligencias cuando fuesen necesarias para abrir el juicio oral.

Fuentes solventes informaron ayer que hay aproximadamente personadas en el sumario alrededor de quince partes de la acusación, entre las que se encuentran diferentes asociaciones de accionistas, y se espera la inmediata personación de Banesto, que ya anuncié su intención de sumarse a la acusación. En lo que se refiere a la defensa, cada uno de los doce querellados deberá tomar la decisión para personarse.

Las investigaciones han consistido en la toma de declaración de los doce querellados (en este proceso García-Castellón dictó la prisión incondicional para Conde y Arturo Romaní, que tras un mes y algunos días obtuvieron su libertad bajo fianza, conjunta, de 3.000 millones de pesetas), la indagación de alrededor de sesenta testigos y la verificación de datos sobre diferentes operaciones, con la ayuda de la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Dirección General de Transacciones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El juez y el fiscal continúan sus investigaciones sobre diferentes aspectos de la querella, que fue ampliada a finales de febrero pasado con nuevos cargos por presunta estafa, y/o apropiación indebida por 1.400 millones de pesetas contra el ex director general, Fernando Garro, y cuya indagación continúa. Entre los testigos que fueron citados y que no comparecieron están Roberto Mendoza, uno de los vicepresidentes del banco norteamericano J.P.Morgan que fue nombrado consejero de Banesto en mayo de 1993, y Pedro Pueyo, presidente del grupo Oasis, cuya relación con el banco provocó un quebranto del orden de 50.000 millones de pesetas. Mendoza ha sido citado nuevamente a declarar para el mes de junio y Pueyo, para el próximo lunes.

[Por otra parte, una resolución de la Audiencia de Barcelona ha provocado una inesperada situación en la instrucción del caso De la Rosa al anular una parte del secreto de las actuaciones acordada por el juez instructor, Joaquín Aguirre, informa Blanca Cía. Concretamente, la Audiencia ha estimado un recurso presentado por el abogado del financiero, Juan Piqué Vidal, que recurrió la prórroga del se creto decretada el 12 de enero pasado hasta un mes después.]