Los diputados que oculten trabajos privados serán sancionados económicamente

Los socialistas quieren estrechar el cerco en torno a los parlamentarios para que desistan de tener una actividad, distinta a la política o, si tienen tareas privadas, que no resulten beneficiadas por su puesto en la vida pública. Antes de que termine el verano regularán por primera vez sanciones económicas para los parlamentarios que oculten actividades en el registro oficial. Además, cada año tendrán que entregar en el Registro de Intereses de la Cámara una copia de sus declaraciones de renta y patrimonio.

Estas normas se reflejan en una proposición de ley del grupo socialista por la que se reforman algunos artículos del Reglamento del Congreso que será presentada a la Cámara después de Semana Santa. El régimen sancionador va a, ser copia del que existe para los Altos Cargos de la Administración.El Grupo Parlamentario Socialista ha tenido en cuenta el caso del diputado del Partido Popular, Fernando Fernández de Trocóniz, que ocultó en el registro de actividades su labor como letrado para 19 ayuntamientos de Salamanca y Zamora, con el cobro de sus correspondientes minutas. El Pleno del Congreso, en sesión a puerta ce rrada, corroboré que este diputado había incurrido claramente en incompatibilidad, y así figura en el dictamen emitido, por la Comisión del Estatuto del Diputado con refrendo del pleno. El diputado reconoció. esta labor y renunció a seguir haciéndolo. Además del castigo moral nada más se pudo hacer, dado que el Reglamento del Congreso no prevé sanción alguna para quien lo incumpla en este terreno.

Las sanciones sólo existen por falta de asistencia reiterada o quebrantamiento del secreto de las sesiones en las que así se determine. Dichas sanciones implican la suspensión temporal o total de la condición de diputado o de la pérdida de remuneración, Como ocurre con el caso de los parlamentarios de Herri Batasuna en el Senado por falta de asistencia continuada.

La nueva proposición de ley añade dos causas más de sanción: "Cuando el diputado omitiera las declaraciones, de renta o patrimonio, o datos sustanciales ya sean referidos a las actividades o a los bienes". Asimismo "cuando se produzca un incumplimiento de los términos de la autorización concedida por la Cámara para el ejercicio de actividades, compatibles". Este último caso es en el que incurrió Fernández de Trocóniz. Un nuevo artículo, señala lo siguiente: "La Mesa del Congreso señalará la extensión y la duración de las sanciones, que podrán extenderse también a la parte alícuota de la subvención".

La subvención a la que se refiere es la que reciben mensualmente todos los grupos, parlamentarios por un doble concepto: 2.400.000 pesetas para la actividad ordinaria del grupo y 139.000 pesetas por diputado.

Un nuevo artículo viene a extremar el control de la evolución de los patrimonios de los parlamentarios: "Los diputados presentarán como complemento a la declaración de bienes patrimoniales, copia de la última declaración tributaría correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio en cada ejercicio económico, mientras desempeñen su función y al cesar en su condición parlamentaria"

Otra novedad que se incluye en el Reglamento es similar a la adoptada por el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, para los cargos de su región, con la diferencia de que los castellano-manchegos dan a conocer el estado de sus cuentas y en este caso sólo se pide la relación de actividades.