Moreiras investigará en Suiza quién es el titular de las cuentas que recibieron dinero de Torras

El juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, que instruye la querella presentada por Torras KIO contra Javier de la Rosa y otros ex gestores del grupo, ha acordado el envío de una comisión rogatoria a Suiza para averiguar quién es el titular de diversas cuentas bancarias en ese país que recibieron importantes cantidades de dinero de Torras durante la época en que De la Rosa fue su vicepresidente, según fuentes jurídicas. La decisión de Moreiras responde a una petición formulada por los propios abogados de Torras.

Al igual que ocurrió en la demanda que se sigue en Londres contra De la Rosa, y que supuso una orden de embargo contra sus bienes de más de 500 millones de dólares (65.000 millones de pesetas), la decisión de Moreiras ha provocado un gran nerviosismo en el financiero, que teme que las pesquisas en Suiza agraven su situación ante la justicia española, según fuentes informadas.Desde el entorno del financiero se han realizado diferentes intentos de presión para que desde España se paralice el avance de la causa que sigue la Corte Comercial de Londres. A finales del pasado mes de marzo, representantes de KIA, organismo de Kuwait, responsable de KIO, y del Ministerio de Asuntos Exteriores español se reunieron en Suiza, según han afirmado portavoces del grupo árabe. Estas mismas fuentes señalaron que el contenido de la reunión era el de valorar cómo evolucionan los acuerdos de ayudas para las empresas del grupo que atraviesan o han atravesado dificultades financieras, como en el caso de Torras Papel o de Ercros.

Fuentes diplomáticas consultadas por este diario aseguraron que el objetivo es ir mejorando las relaciones entre los dos países, algo frías desde el estallido de la crisis del grupo Torras, a finales de 1992. Sin embargo, desde el entorno de De la Rosa se ha pretendido convertir estos contactos en una presunta negociación para paralizar los diferentes frentes judiciales que Torras tiene abiertos contra él, tanto en Londres como en España.

En declaraciones publicadas ayer por el diario El Mundo, Javier de la Rosa afirma que el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, había encargado un informe sobre él a la agencia de detectives Kroll, intentando así una vez más asociar su imagen a la estela del ex presidente de Banesto, Mario Conde. En esta entrevista afirma que fue visitado en la prisión de Can Brians por dos antiguos empleados de la agencia Kroll, los abogados Michel Oatley y Patrick Grayson, acompañados del abogado de De la Rosa, Juan Piqué Vidal. Serra desmintió ayer en el Congreso haber llevado a cabo tal encargo.

La Generalitat desmiente

Un portavoz del Departamento de Justicia de la Generalitat negó ayer que durante su estancia en prisión el financiero hubiera sido visitado por estos abogados. Este portavoz afirmó que "a finales de diciembre, De la Rosa recibió la visita de dos abogados ingleses -un hombre y una mujer- que iban acompañados de un abogado español; ninguna de estas tres personas coincide con las citadas por El Mundo", es de cir, Oatley, Grayson y Piqué. Fuentes consultadas han seña lado a este diario que estos abogados son los defensores de De la Rosa en la demanda de KIO en Londres. Según Efe, se trata de Phillip Montague y Sarah Lindsay, del bufete londinense Peters ant Peters, que acudieron a la prisión de Can Brians el 29 de diciembre. Portavoces de De la Rosa matizaron ayer sus declaraciones de la víspera y afirmaron a Efe que Oatley no llegó a entrar en Can Brians.

De la Rosa también declaró que los supuestos ex empleados de Kroll le transmitieron un mensaje amenazador en nombre de "un embajador español que suele vivir en Sevilla", en referencia a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Éste desmintió ayer estas informaciones a través de una nota difundida por Efe. "Si se refiere a mí, sus manifestaciones son totalmente falsas, de principio a fin", afirma Prado.

IU-IC y Esquerra Republicana de Catalunya pidieron ayer la comparecencia de De la Rosa ante la comisión del Congreso que investiga la financiación de partidos políticos.