El juez encarcela al dirigente jornalero y diputado andaluz Sánchez Gordillo

El largo pulso entre Juan Manuel Sánchez Gordillo y el magistrado Plácido Fernández-Viagas tuvo ayer un desenlace imprevisto. El dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y parlamentario andaluz ingresó en la prisión de Granada, acusado de desacato, 30 minutos después de ser detenido por la policía que custodiaba el tribunal. La noticia provocó la ira en los 500 jornaleros que le acompañaban. Varios sufrieron ataques de nervios y desmayos. El SOC hizo un llamamiento a la movilización general.

Sánchez Gordillo había despreciado en dos ocasiones los requerimientos del juez para prestar declaración por la paralización del AVE, el pasado mayo, junto a dos millares de personas. Ante su incomparecencia, el magistrado dictó el día 21 un auto de prisión que, sin embargo, no llegó a la Guardia Civil de Sevilla hasta el viernes. Durante el fin de semana, Sánchez Gordillo permaneció ilocalizable."Nuestras movilizaciones responden a la violencia, a la injusticia, y muchas veces tendrán que salirse de la ley. La esclavitud era legal. También las peonadas son legales y, como ella, una auténtica barbaridad". Éstas fueron las últimas palabras del dirigente del SOC antes de de que varios agentes, que vigilaban con cascos antidisturbios la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, procedieran a su arresto.

Sánchez Gordillo llevó hasta sus últimas consecuencias la negativa a comparecer ante el TSJA. Rodeado de unos 500 simpatizantes, permaneció 20 minutos ante el edificio. "Que me detengan aquí", retó el alcalde de Marinaleda. Fue necesario, no obstante, que sus compañeros del SOC alertaran a los policías. Eran las 13.10 horas. De este modo se. convirtió en el primer parlamentario autonómico encarcelado por desobediencia a un juez.

Fernández-Viagas había comentado que el auto contra el sindicalista era una mera fórmula, la única posible para obligarle a declarar. Otros dirigentes del SOC imputados en el procedimiento fueron detenidos por la Guardia Civil y, tras comparecer, salieron sin cargos. Éste no era, en cambio, una convención.

Al llegar ante el magistrado, el sindicalista se acogió al derecho constitucional a no declarar. A continuación, Fernández-Viagas ordenó que se ejecutara el auto. Sánchez Gordillo fue sacado del TSJA por una puerta trasera.

Diego Cañamero fue el encargado de trasladar la mala nueva a los jornaleros. Su gesto atribulado, tras entregar sus 700 declaraciones inculpatorias por la paralización del AVE, era elocuente. Bastaron dos palabras a través del megáfono -"increíble, compañeros"- para que se desatara a borbotones la emoción: insultos, gritos desgarradores, llantos, crisis nerviosas y desvanecimientos. Él mismo ayudó a evacuar a algunos de los que perdieron momentáneamente el sentido mientras que puño en alto, la mayoría daba vivas a la libertad y exigía la depuración de los "jueces fascistas" [Fernández-Viagas fue propuesto como magistrado por el Parlamento andaluz con los votos favorables, entre otros, de IU-Los Verdes].

"El SOC llama a la movilización a todos los trabajadores del campo y de otros sectores que se sientan solidarios. Hoy, aquí en Granada, llamo a los estudiantes, a IU, a CC OO, a UGT, a todo el mundo, y no nos vamos a mover de aquí mientras él permanezca en la cárcel. Si no lo ponen pronto en libertad, Granada sabrá también que los jornaleros existimos", arengó Cañamero. Mientras tanto, en un coche policial, Sánchez Gordillo era conducido al departamento de Ingresos de la prisión.

Al conocer la encarcelación, el presidente del Parlamento, Diego Valderas, telefoneó al del TSJA, Manuel Rodríguez López, para decirle que el deber principal de un diputado era acudir a los plenos y que confiaba en que Sánchez Gordillo estuviera en el de hoy. Valderas trató infructuosamente de hablar con Fernández-Viagas.

A última hora de ayer, Sánchez Gordillo recibió en la cárcel la visita del coordinador regional de IU en Andalucía, Luis Carlos Rejón, quien dijo que el ingreso del líder jornalero en la cárcel ha sido una "decisión policial y no judicial".