El fiscal pide tres años de cárcel para los inculpados del cine Bilbao

El fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción 26 -el órgano judicial que se ha encargado de investigar la tragedia del cine Bilbao- reclama en su escrito de acusación provisional que las seis personas a las que el juez Santiago Pedraz hadecidido sentar en el banquillo por ese accidente sean condenadas, cada una de ellas, a tres años de cárcel, según afirmó ayer José María Santos, asesor jurídico de la empresa propietaria del cine Bilbao. El siniestro costó la vida a seis personas el 27 de enero de 1993.

El fiscal acusa a estas seis personas de haber cometido un delito de imprudencia temeraria. El Código Penal fija para este delito una pena de prisión menor que oscila entre seis meses y un día y seis años de prisión. El asesor jurídico del grupo de empresas a las que pertenece el cine Bilbao, José María Santos, recordó ayer la "proviasionalidad" de las penas que solicita el fiscal, "que perfectamente se puede modificar durante el juicio, y yo creo que se hará así", explicó.

Subcontratas

Aunque se mostró respetuoso con la decisión judicial, Santos entiende que no cabe responsabilizar al cine Bilbao de una negligencia, que, de haberse producido, opina, fue cometida por otros. Se refiere Santos, aunque no cita nombres, a la empresa que se encargó de instalar el cartel sobre la marquesina. "Desde hace 30,años, nosotros tenemos un contrato con otra entidad para cambiar los carteles, y esa entidad, a su vez, tenía ese servicio subcontratado con otra", Señaló. "Aquí estarnos ante un asunto desgraciado, dadas las víctimas que produjo, más que ante otra cosa", aseguró el asesor jurídico del cine Bilbao.

Las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados en relación con la tragedia de esta sala -que costó seis vidas y provocó heridas graves a 12 personas- son las siguientes: Florentino Reyzábal, copropietario con su hermano Julián de la sala de cine; Ricardo Rodríguez Sánchez, director comercial de - Andamios In -la empresa propietaria del andamio que provocó el desplome de la cornisa-; el empleado de esta empresa José Pereda García y el arquitecto Pedro Valero de la Parra. Asimismo serán juzgados por un delito de imprudencia, al igual que los anteriores, Juan Fernández Romo y Juan José Sánchez Martín, vinculado a la empresa JF Montajes y Construcciones, SL. (véase EL PAÍS de ayer).

Por otra parte, las seis personas inculpadas en relación con, este suceso comparecieron ayer ante el juez Santiago Pedraz, del Juzgado número 26, acompañadas de sus respectivos abogados, para ser informadas de los cargos que pesan sobre ellas.

El magistrado Santiago Pedraz, en el auto en el que declara la apertura del juicio oral, que tiene fecha del pasado 6 de marzo, les había citado en su juzgado para las 10.30 de ayer. También informó que había fijado una fianza de 600 millones de pesetas para hacer frente a las indemnizaciones por los daños humanos y materiales derivados del accidente. El juez ha dado un plazo de 24 horas para que la fianza sea depositada. Las compañías de seguros de los afectados deben hacerse cargo de la entrega del dinero.

Ricardo Rodríguez, uno de los principales encartados en estas diligencias (es el director comercial de la empresa que instaló el andamio sobre la marquesina), ironizó ayer al ser preguntada su opinión sobre la resolución judicial: "La acato, como suelen decir ahora los políticos".

Satisfacción municipal

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se elogió la decisión del juez de excluir de este siniestro al municipio. El edil de seguridad Carlos López Collado dijo: "Siempre he estado muy tranquilo en este asunto. No se puede hacer recaer sobre la Administración las negligencias que otros cometan". Y se preguntó: "¿Qué culpa puede tener el Ayuntamiento de que otros apilen sobre el punto débil de una cornisa una tonelada y media de materiales?".