ENTREVISTA / Carlos Granados: "Garzón no tenía por que abstenerse en el 'caso GAL'"

"Gárzón no tenía por qué abstenerse en el caso GAL"

Pertrechado con los principios de legalidad y de imparcialidad, de los que habla con insistencia, e imperturbable ante las críticas socialistas a su actuación, Carlos Granados, siete meses después de ser designado fiscal general del Estado, está enamorado de la función de los fiscales, superado ya el reto, desde su formación de magistrado, de no conocer a fondo la carrera hermana. La avalancha de procesos le impresiona poco, y a todos aplica la misma receta -el imperio de la ley-, a la que siempre se remite.

Pregunta. El dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha pedido públicamente su cabeza. ¿Tiene algo que decir?

Respuesta. Yo acepto todas las críticas que, desde cualquier campo, se hagan a la actuación del ministerio fiscal. Naturalmente, hay que aceptarlas, pero yo voy, a seguir con la línea de actuación no ya del fiscal general del Estado, sino de todos los fiscales de España, que está muy nítidamente señalada por la Constitución y las leyes que la desarrollan, fundamentalmente el Estatuto del Ministerio Fiscal.

P. Rodríguez Ibarra insiste en que el fiscal general ha de ser imparcial, pero no independiente. ¿Está de acuerdo?

R. No coincido con ese criterio si con él se pretende que ha de ser dependiente, en concreto, del Gobierno. No tiene en cuenta que se ha producido un cambio importantísimo después de la Constitución.

P. ¿La plena autonomía del ministerio fiscal exige una reforma de la Constitución que asegurara la elección parlamentaria y la inamovilidad del fiscal general durante su mandato?

R. Lo que estoy haciendo lo haría igual si hubiera sido designado por el Parlamento o por el Consejo General del Poder Judicial. Pero creo perfectamente lícito e incluso aconsejable que el mandato del fiscal general esté sujeto a una duración temporal, e introducir trámites parlamentarios previos a la designación. Por lo que me concierne, insisto en qué no he recibido del Ejecutivo ninguna indicación, no ya orden, porque eso es imposible. Ninguno de los responsables del Ministerio de Justicia e Interior me ha hecho indicación alguna sobre mi modo de actuar. De modo que, si me equivoco, me equivoco yo solo. Y de lo que estoy plenamente convencido es de que nunca me equivocaré para favorecer o no favorecer a una determinada opción política. P. ¿Cree que puede prosperar la alegación de que Garzón no es un juez imparcial en el caso Gal?

R. Yo parto de la premisa de que legalmente está ejerciendo sus funciones, en cuanto que era perfectamente legal y lícito que, después de su etapa como político, pudiera reintegrarse a su juzgado. Y parto también de la presunción de que si él no se ha abstenido es porque no tenía que abstenerse, y la prueba está en que las causas de recusación alegadas han sido desestimadas.

P. Mucha gente no entiende que Amedo y Domínguez, condenados a 108 años de cárcel en sentencia firme, estén en libertad.

R. Lo curioso es que siguen cumpliendo pena, aunque físicamente estén en libertad. Siguen en tercer grado, que les obliga a pernoctar en la cárcel, pero la juez de vigilancia penitenciaria, por razones de seguridad, ha admitido que estas personas no ingresen por la noche en un centro. Además, el juez instructor ha tenido en cuenta un artículo del Código Penal, el 57 bis b, según el cual las personas que aportan información para el descubrimiento de presunto ' s autores de delitos pueden ser beneficiadas no sólo con la reducción de la pena, sino incluso con su remisión definitiva.

P. Pero eso será en la sentencia, ¿no?

R. Lo que ocurre es que, si el juez instructor prevé que en la sentencia puede apreciarse ese artículo, es lógico que no anticipe medidas contra alguien que es posible que no sea condenado.

P. Otros arrepentidos, como Portabales en el caso Nécora, no disfrutaron de la libertad exhibicionista y provocadora de que goza Amedo.

R. Una vez que están en libertad, lo que pueden hacer estos señores es difícil de controlar. En cuanto al contraste con otros, todos los casos no son iguales. Hay personas a las que gusta exhibirse don determinados vehículos y adoptar actitudes que producen un rechazo en la sociedad, que yo comprendo.

P. ¿Se puede esperar alguna iniciativa de la fiscalía en contra de esa libertad?

R. Eso depende de los nuevos datos o elementos que se puedan incorporar a las distintas causas en que puedan estar implicados.

P. La aportación de Amedo y Domínguez a la investigación ¿es tan fructífera para merecer eximirles de la cárcel?

R. Eso lo tendrá que decidir en su momento el tribunal sentenciador.

P. ¿Qué le parece la nueva doctrina del Supremo que permite investigar los delitos financiados con fondos reservados? R. Coincide con lo ya dicho en otras ocasiones sobre que el hecho de que sean reservados no es óbice para que se puedan cometer delitos con esos fondos. Y si hay elementos que induzcan a creer que con esos fondos se han cometido delitos, deben ser investigados.

P. ¿Ha contribuido el ministerio fiscal a elaborar esa doctrina?

R. Lo que sí hizo el ministerio fiscal cuando recibió una denuncia [de Federico Trillo y otros diputados del PP] sobre el presunto uso delictivos de esos fondos fue remitirla al Tribunal Supremo que era el órgano competente, con lo que la fiscalía no excluía a prior¡ que pudiera haber delito.

P. ¿Con qué frecuencia despacha con Juan Alberto Belloch? R. La palabra adecuada no es despachar. Tengo contactos con él; por ejemplo, recientemente, sobre las reivindicaciones de los fiscales delegados de la lucha, contra la droga.

P. ¿No le consulta sobre temas delicados?

R. No, en absoluto.

P. En sus contactos últimos con Belloch, ¿se ha producido algún comentario sobre las críticas socialistas al fiscal general?

R. Lo que sí puedo decirle es que las relaciones que tengo con el ministro de Justicia e Interior son cordiales.

P. ¿No sintoniza él con quienes piden su destitución?

R. No tengo ninguna noticia en ese sentido, sino al revés. Creo que cuento con el apoyo del ministro. Y lo que sí me consta, porque así se me dijo, es que las noticias que han salido sobre críticas al ministerio fiscal no proceden de ese departamento.

P. ¿Continuaría de fiscal general con un Gobierno del PP?

R. Cualquiera que sea la opción política que gobierne, yo haría lo mismo que hago ahora.

P. No sólo le critican algunos socialistas. Las asociaciones de fiscales dicen que usted quiere controlar demasiado y que no deja a los fiscales que informen a la prensa.

R. Lo que trato es de que todos seamos prudentes, en el sentido de que no se convierta en noticia lo que van a decidir o dejar de decidir los fiscales, antes incluso de que se haya reunido la junta.

P. ¿Es cierto que usted ha pedido a los fiscales de la Audiencia Nacional que le consulten las iniciativas que tomen en asuntos delicados?

R. Está establecido en el estatuto orgánico del ministerio fiscal. Es bueno que el fiscal general, cuando se trata de asuntos delicados, esté al corriente y sobre todo es importante que haya un cambio de impresiones. La ventaja que tenemos nosotros respecto a los jueces es que podemos estudiar los asuntos en equiPo, con los compañeros o con los órganos de asesoramiento del ministerio fiscal. Lo que quiero transmitir a todos los fiscales es que los temas hay que estudiarlos con detenimiento y que siempre van a contar con un fiscal general del Estado dispuesto a ayudarles.

P. A través de la la Ley del Jurado, aprobada ya por el Congreso, se quiere potenciar la responsabilidad del fiscal en las decisiones sobre la prisión preventiva. ¿Cree que es el momento adecuado para esa medida?

R. Si tenemos en cuenta que eso va a exigir un cambio estructural del ministerio fiscal, con los medios humanos que tenemos resultaría difícil poder realizarlo con eficacia. Estoy convencido de que si se lleva a efecto exigirá un incremento de plantilla. Hay que tener en cuenta que no hay fiscales en todos los partidos judiciales y que esa novedad legal exige la presencia del fiscal antes de que el juez decida, lo que lleva consigo un esfuerzo que no podemos realizar con los medios que tenemos.

P. ¿Está garantizada la igualdad de armas entre el fiscal y el acusado, sobre todo cuando las actuaciones son secretas? R. Las actuaciones secretas tienen un objetivo muy concreto en favor de la investigación, que debe ser motivado y razonado y con los límites temporales establecidos y las posibilidades de prórroga correspondientes. Si tenemos en cuenta que el ministerio fiscal actúa en defensa de la legalidad y con imparcialidad, creo que no tiene por qué entenderse que se ha vulnerado la igualdad de armas. La defensa siempre tendrá en su momento posibilidad de ejercerse, para que no se produzca indefensión.

P. ¿Habla con frecuencia con su antecesor en el cargo, Eligio Hernández?

R. Pues la verdad es que no. Con Eligio Hernández coincidí en una fiesta que dio el Rey en Las Palmas. Allí le vi, pero no he vuelto a tener contacto con él. Precisamente este último viernes tuve una comida con todos los fiscales generales anteriores, pero Hernández no pudo venir.

"La libertad de Amedo y Domínguez depende de los nuevos hechos en que estén implicados "

"Con el PSOE o con el PP, designado por el Gobierno o el Parlamento, yo haría lo mismo"